El procurador adjunto Juan Medina de los Santos informó este lunes que, en el caso de la fiscal del Distrito Nacional, como con otros integrantes del Ministerio Público, solo cumple con sus obligaciones legales de agotar las investigaciones disciplinarias internas correspondientes.

Medina de los Santos informó que, efectivamente, la Inspectoría General del Ministerio Público lleva una investigación disciplinaria contra la fiscal Rosalba Ramos relativa al caso de César Emilio Peralta (César el Abusador), denuncias sobre compras y contrataciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como de otras acciones.

Dejó claro que hace referencia a la investigación porque la decisión de abordar los temas internos sobre el proceso la tomó primero Ramos, con un documento que entregó a la prensa y que luego hizo llegar a la Procuraduría General de la República.

Sostuvo que seguirá cumpliendo con su deber apegado a las normas aunque dejará de referirse a ese caso en específico para permitir que las investigaciones internas sigan su curso.

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Medina de los Santos aprovechó la ocasión para desmentir que la Inspectoría General del Ministerio Público busque silenciar a los fiscales, como de forma aviesa, plantea Ramos en un documento que depositó a las 8:59 de la mañana de este lunes en la Secretaría General del Ministerio Público, pero que ya estaba reseñado por la edición impresa de un importante matutino.

En ese contexto, valoró el hecho de que, desde que inició su gestión al frente del Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán Brito dejó claramente establecido que los fiscales pueden y tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los casos que manejan, aunque siempre de manera oportuna y sin afectación de derechos de las partes involucradas.

“A diferencia de la gestión pasada de la Procuraduría General, en la que se prohibió expresamente a los fiscales, mediante una orden escrita, ofrecer cualquier declaración a la prensa, ahora lo que todos valoramos es un clima de respeto y apertura institucional”, dijo, en referencia a una instrucción impartida por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, en fecha 04 de abril de 2017.

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