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La empresa a la que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala como beneficiaria 72 millones de pesos a través de procesos de compra fraccionadores, fue fundado por el comunicador Tomás Milton Cordero Báez, alias Lechuga, quien, según el Ministerio Público, cobraba sin trabajar en la Coordinación Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria.
De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros implicados en la Operación Medusa, del 2017 al 2020 se identificó que se materializaron cincuenta y cinco pagos a la empresa Productiva SRL, los cuales ascienden a la suma total de 72 millones 750 mil 243 pesos y que para la realización de los pagos se recurrió al fraccionamiento de los procesos mediante el proceso de adjudicación directa y comparación de precios.
Señala el periódico Diario Libre que el Ministerio Público dice que la preferencia por la referida entidad no está basada en su buen o mal servicio sino en sus vínculos directos con el exprocurador ya que tiene como accionistas a Alexander y Warde Rojas y entre sus socios fundadores se encuentra Tomás Cordero, Lechuga, quien fue nombrado con un sueldo de 75 mil pesos con el cargo de coordinador en la Coordinación Nacional del Nuevo Modelo Penitenciario. “Salario que recibía, pero función que nunca desempeñó”.
Esa empresa cobró ocho millones de pesos para hacer el montaje del acto de primer picazo para la construcción de la Cárcel Nueva Victoria y el anuncio de la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
“Durante la gestión del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se malversaron fondos públicos de la Procuraduría General de la República, sin ningún reparo, utilizando proveedores que guardaban vínculos familiares con la alta gerencia, malgastaron dinero sin control alguno, tal es el caso que para decirle al pueblo dominicano que ampliaría el CCR Najayo y construirían la Nueva Victoria, gastaron más de 8 millones 482 mil 182 pesos, y al igual que en procesos anteriores la beneficiaria del montaje fue la empresa Productiva SRL”, relata la solicitud de coerción.
Entre los procesos fraccionados que están documentados en la medida figuran la compra de suministros para las fiestas navideñas de empleados para el año 2018 cuando se pagaron 15 millones 342 mil pesos bajo esa modalidad. Lo mismo ocurrió para el año 2019 cuando el monto total ascendió a 16 millones 827 mil pesos.
José Rafael Sosa 
Amaury Mo 
este yanalam hizo un tollo por donde quiera que pudo y los que se acercaron son mas toyosos. en RD ahy que poner una ley la pena automatica para corrupcion en el gobierno deberia ser 40 anos sin necesidad de sentencia diferente a ver si se acaba el relajo, porque cualquiera que llega al gobierno y tiene un cargo tiene el potencial de hacer una marrulla y llenarse el bolsillo. to el mundo quiere cobrar sin trabajar y to el mundo pienza que lo que le pagan es poco. y to el mundo pienza que si fulano tiene una mansion robando porque no el. eso es lo que pasa.