La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso calificó como un intento de manipulación de la opinión pública el comportamiento que exhibe el exprocurador Jean Alain Rodríguez al insistir en un proceso judicial abierto, cuando habla para el público y los medios de comunicación, mientras mantiene una postura contraria en el tribunal ante el que debe responder por las imputaciones de corrupción, lavado de activos y otros delitos.

“Lo que pasa es que ese imputado tiene doble discurso: dice hacia afuera que quiere los medios de comunicación, pero en la audiencia nunca se ha solicitado”, aseguró la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.



“Tal y como ha sido su comportamiento, de decir una cosa y hacer otra, él está siendo coherente con relación al tema de la prensa. Ese es un tema que no se ha solicitado. Y de hecho, su abogado ha fijado postura sobre ese tema”, dijo Reynoso, al ser abordada por los periodistas que cubren la medida de coerción contra Rodríguez y los demás imputados en el Caso Medusa.

Recordó que el Ministerio Público también fijó su postura al plantear su disposición de conocer la medida ya sea en privado o en una audiencia abierta. Insistió en que el exprocurador “está jugando a una manipulación de la opinión pública con relación a ese tema”.



En relación con los argumentos de algunos de los implicados, sostuvo que “la imputación del Ministerio Público y sus pruebas han resultado imbatibles para la defensa”.

“Fíjense que una defensa ha querido justificar un contrato fraudulento, donde se robó hasta la identidad de personas, con dos fotos y una guía”. Calificó ese hecho como absurdo. “Pero la defensa dirá que tiene que hacer su trabajo y, ante tantas evidencias, ante la contundencia de las imputaciones, realmente la defensa ha resultado muy difícil e imposible tener argumentos de derecho y por eso decimos que pareciese que necesita que el Ministerio Público les regale un mapa, para que los abogados puedan rebatir las cientos de pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Explicó que existen cientos de pruebas que corroboran los testimonios y resaltó la claridad de esas pruebas, aunque al parecer, sostuvo, la defensa no ha tenido tiempo de leerlas.

Reynoso, quien estuvo acompañado de un equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), enfatizó: “Nos hemos pasado estos días escuchando de parte de la defensa argumentos sin fundamentos en derecho y que, en modo alguno, ni siquiera rozan las imputaciones del Ministerio Público”.

Reynoso indicó que la citada asociación estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos y llamó la atención de que en la cárcel construida para alojar privados de libertad de La Victoria los ingenieros estructuralistas consultados por el Ministerio Público plantean que existen lotes, como el número 4, en los que no se deben alojar internos porque pueden venirse abajo.

“Esas son de las gravedades que tiene este proceso, aquí nos colocaron a la institución en una situación de tal gravedad, que en algunos distritos judiciales se hacían examen ginecológicos con fundas plásticas, porque ni siquiera los guantes se le suministraban al personal”, resaltó, al evidenciar las carencias por las que pasó el Ministerio Público mientras los involucrados en el Caso Medusa distraían sus fondos.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó hasta el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, la continuación del conocimiento de la medida de coerción, donde expondrán sus argumentos las defensas del exprocurador Rodríguez, de Jonnathan Josel Rodríguez Imbert y de Alfredo Alexander Solano Augusto, quienes no pudieron presentar sus alegatos este sábado.

El Ministerio Público, que expuso el expediente acusatorio, con más de 5,800 páginas de pruebas, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.

En la acusación contra este entramado corrupto, además del exprocurador Rodríguez, Rodríguez Imbert y Solano Augusto, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República.

El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El expediente presentado por el Ministerio Público este jueves también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.