Santo Domingo,  RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que el procedimiento realizado por el Ayuntamiento de Puerto Plata a fin de adquirir un terreno para construir el relleno sanitario en el municipio de San Felipe de esta localidad, fue realizado al margen de la Ley 340-06, demandando la aplicación de sanciones administrativas.

Mediante la Resolución Ref. RIC-158-2021, el órgano rector concluyó que el cabildo violó los artículos 2,16 y 17 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y el artículo 221 de la Ley Núm. 176-07, debido a que realizó una contratación directa sin cumplir con las disposiciones básicas de la Ley, tales como ejecutar un procedimiento de contratación a partir de los umbrales y/o seleccionando el procedimiento de contratación que sea compatible a sus necesidades.

Otra de las irregularidades identificadas fue la ausencia de constancia del acta de evaluación y adjudicación a favor del terreno comprado, el cual debía constar los criterios de evaluación utilizados y las razones de su elección, conforme al artículo 26 de la Ley 340-06 y el artículo 102 de su reglamento de aplicación, siendo esta una grave irregularidad en la medida en que se desconoce si el terreno fue previamente examinado.

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De igual manera, se observó que “el contrato de venta incondicional de inmueble”, no contenía disposiciones sobre ajustes de precios, garantías, modificación o terminación, nulidad y sanciones, tal y como lo establece el artículo 28 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Asimismo, se identificó la ausencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato demandada por el artículo 111 del Reglamento de Aplicación Núm.543-12.

“Las graves irregularidades detalladas demuestran que el ayuntamiento violó el debido proceso administrativo que establece la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones para realizar las contrataciones de lugar, y dejó de lado la obligación de la Administración pública de ejecutar una gestión transparente y objetiva, por lo que recomendamos al alcalde identificar los funcionarios responsables de no ceñir su actuación a las normas, y, en consecuencia, determinar las sanciones que pudieran corresponder”, expresa la DGCP en la resolución.

Igualmente recomienda al cabildo instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que en los próximos seis meses participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06 para su correcta aplicación.

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