La jefa financiera del gigante tecnológico chino Huawei regresa este miércoles a un tribunal canadiense para la ronda final de audiencias sobre su posible extradición a Estados Unidos, tras casi tres años de batallas judiciales y choques diplomáticos.
Meng Wanzhou, hija del fundador y CEO de la empresa Ren Zhengfei, batalla contra su extradición a Estados Unidos, que quiere enjuiciarla por fraude bancario y conspiración para hacer ilegalmente negocios en Irán a través de una subsidiaria.
Si es enviada a Estados Unidos y es juzgada, quedará expuesta a más de 30 años de cárcel.
Su arresto a pedido de Estados Unidos durante una escala en Vancouver en diciembre de 2018 causó un gran enfrentamiento diplomático entre Ottawa y Pekín.
Meng debe comparecer ante la Corte Suprema (de la provincia de) Columbia Británica el miércoles para dos semanas de audiencias.
De 49 años, rechaza los cargos y sus defensores sostienen que funcionarios de Canadá y Estados Unidos le niegan el derecho al debido proceso por lo que la extradición debería ser denegada.
«La narrativa simplemente ya no puede sobrevivir un escrutinio», argumentó su abogado Mark Sandler en junio. «No hay ningún caso plausible», añadió.
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– «Acusaciones sin fundamento» –
Meng está acusada de defraudar al banco suizo HSBC al tergiversar falsamente los vínculos entre Huawei y Skycom, una subsidiaria que vendió equipos de telecomunicaciones a Irán. El banco quedó en riesgo de violar las sanciones de Estados Unidos contra Teherán al autorizar transacciones en dólares estadounidenses para Huawei.
Pero sus defensores dicen que Estados Unidos no tiene jurisdicción en el caso y que los derechos de su clienta no han sido respetados. El proceso ha dado varios giros en los casi tres años que transcurrieron desde su arresto.
La defensa también sostiene que el entonces presidente Donald Trump «envenenó» el proceso cuando 10 días después de la detención dijo que podría intervenir en el caso a cambio de concesiones comerciales de China.
Meng permaneció todo el tiempo con una tobillera de vigilancia en su mansión de la costa oeste de Canadá.
Canadá dice que las pruebas y acusaciones de Meng «realmente sólo pueden ser litigadas ante un juez de Estados Unidos» y no son parte de un procedimiento normal de extradición.
«Están pidiendo que este tribunal se convierta en un tribunal de primera instancia … basándose nada más que en acusaciones sin fundamento», dijo en abril Robert Frater, abogado de la fiscalía general de Canadá.
El caso desató una crisis sin precedentes entre Pekín y Ottawa. Canadá, a su vez, quedó en jaque entre China y Estados Unidos.
Solo unos días después del arresto de Meng, el gobierno chino encarceló a dos canadienses por cargos de espionaje. Para Canadá esos arrestos fueron un represalia por la detención de Meng, lo cual Pekín niega.
Los canadienses, un ex diplomático y un empresario, fueron juzgados pero aún no se conocen los veredictos.
China también bloqueó la compra de miles de millones de dólares de productos agrícolas canadienses.
Tanto Pekín como Huawei, el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones, han negado las acusaciones de Estados Unidos.
Pekín ha sostenido que la primera meta del arresto de Meng es debilitar a las tecnológicas chinas y dice que el caso es «un serio incidente político».
La audiencia final está marcada para el 20 de agosto pero la decisión puede demorar varias semanas y cualquier apelación de la sentencia extenderá el proceso en Canadá.
