La Fundación Nacional de los Derechos Civiles informó que depositó por ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños Guzmán y los miembros titulares de la institución, Rosario Altagracia Graciano de los Santos, Carmen Imbert Brugal y Henry Mejía Oviedo para que expliquen los motivos de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado con voto automatizado.
El destacado jurista Domingo Rojas Pereyra, representante de la organización, explicó que el documento fue depositado el pasado 11 de noviembre y que incluye a otros ocho exfuncionarios de la Junta Central Electoral, entre los que se encuentran sus exdirectores de informática Miguel Ángel García y Willian Díaz, así como su ex directora de comunicación, Laura Castellanos.
Rojas Pereyra reveló que de la denuncia quedó excluido el ex miembro titular de la Junta, Roberto Saladín Selin, de quien afirma “es un hombre serio”.
“A raíz de esa investigación y ese informe que hizo la OEA se dijo que las motivaciones y las causas que dieron al traste con esas elecciones fueron atribuibles única y exclusivamente a la Junta Central Electoral, porque no se hizo lo que se llama técnicamente la prueba general del sistema 24 o 48 horas antes de las elecciones”, sostuvo al referirse al informa rendido por la Organización de Estados Americanos sobre el suspendido proceso.
Dijo que esos suspendidos comicios costaron al país más de 5,000 millones de pesos y por ello debe dársele una explicación a la sociedad, al tiempo de advertirle a los nuevos miembros de la Junta que deben actuar de forma diferente en su gestión y terminar con una supuesta mafia que existe en el departamento de Elecciones de esa entidad.
