El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, que desmanteló una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados que, según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.
El Ministerio Público informó, en forma preliminar, que a la red se le ocuparon más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo. También, más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Los investigadores continúan trabajando en la Operación Falcón en la que ya practicaron más de 100 allanamientos, durante operativos dirigidos por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Las informaciones preliminares del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba incluso antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. “Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, dice la solicitud de coerción.
La red criminal, que tenía su base de operación sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado. Para su desmantelación, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó el trabajo arduo del equipo de fiscales y de agentes de la DNCD y otros organismos de seguridad del Estado. “Se trata de una operación amplia, compleja, en la que el Ministerio Público está poniendo todo su empeño para desmantelar a una red criminal que traficó con toneladas de cocaína y lavó al menos 10 mil millones de pesos, por lo que confiamos en que los tribunales también actuarán conforme a los intereses de toda la sociedad”, dijo.
