Santo Domingo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su Dirección Jurídica anunció que someterá formalmente ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente en San Cristóbal al señor Wilson Ariel Mejía Abreu, representante de la empresa Tusiani Inversiones S.R.L., por ser reincidente en violaciones a la Ley 64-00.
La decisión fue ordenada por el ministro Orlando Jorge Mera, quien reiteró que no tolera ninguna acción ilegal que atente contra los recursos naturales o que violente la Ley 64-00 en cualquiera de sus artículos.
A través de un video publicado recientemente en las redes sociales se observan equipos pesados propiedad de la referida empresa irrumpiendo en el río en un área perteneciente a Muchas Aguas, San Cristóbal sin contar con la autorización correspondiente, por lo que la Dirección Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente procederá judicialmente contra su representante.
Las granceras están acabando con los ríos de San Cristóbal y @orlandojm no dice ni hace nada. pic.twitter.com/peXtgK3vT3
— José Peguero (@josepeguero) September 15, 2021
Anteriormente el Ministerio de Medio Ambiente había cancelado un permiso que tenía la referida empresa para la limpieza y extracción en la cola de Presa de Valdesia específicamente en Muchas Aguas, San Cristóbal, con aprovechamiento de 15,000 m3 de material por violaciones a esa autorización ambiental.
Además, Jorge Mera dispuso presencia militar en la zona para prevenir y contrarrestar extracciones ilegales.
“Estamos enfrentando mafias que operan en fines de semanas y en horas nocturnas, tal como ocurrió en este lugar. Por instrucciones nuestras, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) se desplazó hoy, y pudo comprobar que no había actividad ilegal en la zona. Hemos dispuesto vigilancia militar en la misma”, explicó Jorge Mera.
Se recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente ha incrementado el control sobre las autorizaciones ambientales mediante la resolución 009-2021 que regula la extracción de material realizada por las granceras. Además, durante el último año han sido sometidas y sancionadas más de 1,300 personas por diversos delitos ambientales, entre ellos, la extracción ilegal de materiales de los ríos.
