La Superintendencia de Electricidad iniciará a partir del viernes 1 de octubre el desmonte de los subsidios que durante décadas ha aplicado a los usuarios de electricidad.
A partir de esa fecha se dará inicio al “Régimen Tarifario de Transición”, que culminará en diciembre de 2026, cuyo eje principal es que cada tres meses se revisará la tarifa lo que podría implicar un incremento considerable, aplicable a quienes tienen contratos con las empresas de distribución de electricidad.
De acuerdo a EL NACIONAL, este período de desmonte de los subsidios es uno de los acuerdos establecidos en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, firmado por 82 organizaciones políticas, empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil.
Para ello, la Superintendencia de Electricidad emitió la resolución 075-2021 que establece que partir de octubre, los precios de la electricidad se revisarán cada tres meses y serán variables debido a que tomarán en cuenta el costo de la energía y potencia, del peaje de transmisión e, incluso, la tasa de cambio.
“Si la variación en el Precio Medio de Compra y la tasa de cambio es al alza, todos los tramos de la estructura tarifaria de transición serán ajustados hacia el alza. Por su parte, si la variación es a la baja, ésta se transferirá, siempre y cuando los niveles tarifarios de transición estén por encima del piso de la tarifa de referencia”, como se estableció en el Pacto Eléctrico.
Lo anterior implica que cada tres meses, hasta el 2026, se producirá una modificación de la tarifa eléctrica que puede ser hacia arriba o hacia abajo.
Sin embargo un grupo de organizaciones sociales que se negaron a firmar el referido pacto han denunciado que el inicio del desmonte de los subsidios implicará incrementos en la tarifa eléctrica hasta de un 300 por ciento a los usuarios que consumen mensualmente por debajo de 300 kilovatios hora.
Entre los firmantes de ese documento divulgado ayer están Foro Ciudadano, Fundación por los Drechos del Consumidor, Ciudad Alternativa, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas y Copadeba, y Fundación Justicia y Transparencia.
