El presidente Luis Abinader y el ministro de Salud Pública, Daniel Enrique de Jesús Rivera, fueron citados para que comparezcan mañana al conocimiento de la acción de amparo interpuesta por dos abogados contra la resolución del Ministerio de Salud que establece la obligatoriedad de la presentación de tarjeta de vacunación contra la covid-19 para acceder a lugares públicos.
La presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional había autorizado la citación del jefe del Estado y del ministro de Salud Pública.
Esta mañana el presidente de dicha cámara, magistrado Danilo Caraballo Núñez, consideró inadmisible, por error procesal, una acción en “referimiento” interpuesta esta mañana por los abogados Cirilo Guzmán y Yan Carlos Martínez, mediante la cual se solicitaba la suspensión de la resolución de Salud Pública, hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo conociera del recurso de amparo, como acción principal.
Los accionantes dijeron que citan al Presidente y al ministro de Salud Pública mediante actos de alguacil.
Señalaron en declaraciones al periódico El Nacional que la resolución de Salud Pública es violatoria de varios preceptos constitucionales.
Tribunal cita a Abinader por medida covid https://t.co/KyIuLeeUnL pic.twitter.com/NICxHp9MDk
— El Nacional (@ElNacionalRD) October 18, 2021
Los abogados elevaron su instancia contra la Presidencia de la República, representada por Luis Abinader y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.
Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).
Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Consideraron los demandantes que la resolución de salud Pública es una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad.
