Como en muchos países, en República Dominicana las empresas exigen a sus empleados la tarjeta de vacunación contra la Covid-19, una disposición del Ministerio de Salud Pública que busca combatir la propagación de la enfermedad ante el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda el pasado 11 de octubre.

La medida ha sido acogida sin mayores inconvenientes tanto por los empresarios como por sus colaboradores, pues esto no es contrario al Código de Trabajo, según ha dicho el vicepresidente ejecutivodel Consejo Nacional para la Empresa Privada (CONEP), César Dargam.



Dargam indicó que el proceso fluye y que aunque no puede hablar por la totalidad, la mayoría de las empresas están cumpliendo con la disposición. A la vez expresó que los empleadores no quieren que esto genere conflictos porque lo que se busca es la salud colectiva.

Señala el Listin Diario que en el sector industrial la situación es la misma, de acuerdo a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar.



“Tenemos conocimiento de que prácticamente todas las empresas están cumpliendo con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. Tanto las empresas como los empleados han asumido el compromiso y los inconvenientes han sido mínimos”, declaró Almánzar. Los trabajadores El presidente Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, también corroboró que muchas empresas, pero no todas, están pidiendo la tarjeta de vacunación y afirmó que hasta ahora a la organización no he llegado ninguna queja por parte de los empleados al respecto.

Ramos consideró que la medida es positiva porque esto tiene como objetivo incrementar el nivel de vacunación, hasta lograr que al menos el 70% de la población esté vacunada.

Sin embargo, hizo énfasis en que ningún empleador puede despedir a un colaborador porque no presente dicho documento.

“Inclusive, si el empleador le dice a ese trabajador que se vaya a su casa porque no tiene la tarjeta de vacunación debe asumir el costo del salario…”, enfatizó el dirigente sindical. Precisó que hasta ahora ninguno de sus sindicatos afiliados ha reportado ningún problema en este sentido.

Ramos explicó que esta medida no debe perjudicar a ningún trabajador que no quiera vacunarse, ya sea por razones religiosas, miedo u otros motivos.

Procedimiento Algunas empresas han informado a sus empleados que si está vacunado con las dos dosis puede enviar un escáner o una fotocopia de su tarjeta de vacunación, legible y de ambos lados, a su gerente o encargado.

Si no se ha vacunado por alguna condición médica, debe pedirle a su doctor que le haga una certificación explicando los motivos y si no ha hecho por otra razón entonces debe mostrar una prueba PCR con resultado negativo de la Covid-19.

Guía de Trabajo
Tras la disposición de Salud Pública, el Ministe­rio de Trabajo difundió una guía en la que esta­blece que los empleado­res tienen derecho a im­plementar medidas para garantizar la salud de sus trabajadores y que estos deben contribuir con las obligaciones establecidas por la autoridad compe­tente.

“Como medida preven­tiva, el empleador está obligado adoptar medidas que antepongan la protec­ción colectiva a la indivi­dual. El empleador tiene el deber ético y moral, así como la obligación legal, de tomar medidas de con­trol ante cualquier ries­go que haya sido identifi­cado”, son algunas de las precisiones del Ministerio.

Disposición de Salud
El Ministerio de Salud Pú­blica dispuso que desde el lunes 18 de octubre para poder ingresar a sus luga­res de trabajo con espa­cios cerrados y de uso co­lectivo, así como usar los medios de transporte ins­titucionales, todos los ser­vidores públicos deberán presentar ante el Depar­tamento de Recursos Hu­manos de su institución una copia de su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la va­cuna contra la Covid-19.

Las personas que no se han vacunado deben mostrar una copia del re­sultado negativo de una prueba PCR o un permiso especial expedido por el Ministerio.

Estas medidas aplican para todos los estableci­mientos públicos y priva­dos, exceptuando las igle­sias y los centros de salud.