Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo solicitó al gobierno postergar la aplicación del aumento a la tarifa eléctrica. Según dijo el Secretario de Energía de FP, Juan Gómez, mediante comunicado, dicha solicitud se sustenta en la realidad de que la población dominicana ya está demasiado golpeada por el costo de la canasta familiar.
El titular de la secretaría que trabaja con los temas de energía a lo interno de la organización política dio a conocer un informe, elaborado en conjunto con los diferentes vicesecretarios, que expresa que, este aumento impactará de manera negativa en la economía de la clase más empobrecida del país, así como de la clase media.
«Para el bimestre noviembre- diciembre 2021 habrá una variación en los precios de la tarifa, que afectará a los usuarios con nivel más bajo de ingresos en la población, así como también a los pequeños comercios. Los clientes de las empresas distribuidoras con rangos de consumo entre 100 y 500 kWh, recibirán un incremento promedio de un 3%», establece el comunicado.
El documento sigue diciendo que el dinero que recaudará el Estado si se aplican estos incrementos es significativo. «Según la Superintendencia de Electricidad (SIE), las alzas serán mínimas, pero va a significar unos 90 MM de pesos mensuales, o sea, un monto muy significativo porque por año significa más de mil millones, que saldrán de los bolsillos de la población, lo que incrementará los niveles de pobreza», subraya.
«La SIE argumenta que será un porcentaje mínimo de 1.4% cada tres meses y lineal por 5 años, pero que acumulado en este tiempo daría un 20%, lo que impactará duramente en la economía de los hogares, micro y pequeñas empresas, pudiendo esto verse agravado por el alza de los combustibles, que bajo un régimen de tarifa técnica se tendrían que traspasar a los usuarios finales», cita el comunicado de la Secretaría de Energía de FP.
Gómez detalló que en el orden social y político es improcedente hablar de aumento a la tarifa eléctrica en las circunstancias actuales, con una población golpeada por el desempleo y aumento de la canasta familiar a consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid-19. Sugiere en este sentido que la resolución debe considerar una tarifa social.
También señala que el sistema tiene serias debilidades que deben ser corregidas antes de aplicar estos aumentos, cómo mejorar la reducción de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.
En el mismo orden dice el comunicado presentado por el titular de energía de FP que, «la implementación del esquema de transición propuesto, debe venir acompañado con el establecimiento de compensaciones a los clientes por parte de las empresas distribuidoras, por el incumplimiento en los indicadores de calidad de servicio establecidos; tanto comercial, como técnico».
Dentro de los indicadores de calidad tendríamos, compensaciones a energía no servida, frecuencia de apagones, duración de estas interrupciones, así como, el no mantenimiento de los niveles de potencia, tensión y frecuencia nominal.
