Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presos en Guatemala, quedaron listos para ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama por la trama de corrupción Odebrecht, luego de que un tribunal otorgó este lunes la autorización que faltaba para el segundo de ellos.
Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, aceptó voluntariamente ante una corte de Guatemala ser enviado a Estados Unidos para enfrentar una acusación de lavado de dinero. Su hermano, Luis Enrique, ya había recibido la luz verde para la extradición en mayo.
«Deseo expresar mi voluntad de allanarme (aceptar) al proceso de extradición y pedirle al tribunal que haga las gestiones para que pase a la mayor brevedad posible», declaró Ricardo Alberto, quien llegó a la cita judicial con una mascarilla anticovid negra, gafas oscuras y apoyándose con un bastón.
Durante la audiencia, Ricardo Alberto renunció a continuar impugnando el proceso de extradición, tras ser detenido en julio de 2020 junto con Luis Enrique en el aeropuerto de la capital guatemalteca, a solicitud de Estados Unidos.
«Este tribunal sin más trámite considera pertinente, ante la manifestación expresa, resolver la formal solicitud de extradición del ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Linares, a efecto de ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos», dijo por su parte el juez Saúl Álvarez, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal.
El expediente pasará a la Cancillería, que luego debe notificar a Estados Unidos para fijar la fecha de viaje.
Los hermanos Martinelli son reclamados por Estados Unidos, que los acusa de blanqueo de capitales vinculado a pagos de sobornos a cambio de obras públicas hechos por la constructora brasileña Odebrecht.
Según la justicia norteamericana, ambos facilitaron el pago de 28 millones de dólares mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras.
Panamá también reclama a los hermanos Martinelli por un megaescándalo de corrupción conocido como «Blue Apple», pero la ley guatemalteca establece que la prioridad la tiene el Estado que haga primero la solicitud, en este caso Estados Unidos, según la Fiscalía local.
Además, Guatemala y Panamá no cuentan con un tratado de extradición, por lo que las autoridades panameñas tendrán que hacer el pedido a la justicia estadounidense.
Ambos fueron electos como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, pero el ente descartó días después de la detención juramentarlos ante sospechas de que buscaban inmunidad para evadir a la justicia.
