La justicia suiza anunció este lunes que archivó la investigación sobre los bienes del rey emérito español Juan Carlos I en ese país, tras tres años de indagaciones sobre el patrimonio, incluyendo unos 100 millones de dólares girados por Arabia Saudita.
En un comunicado, la fiscalía de Ginebra indicó que la instrucción «no permitió establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudita y la conclusión de contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad» en ese país en 2011.
En 2018 la justicia suiza abrió una causa por «blanqueo de dinero agravado» tras la publicación de informaciones según las cuales el rey emérito habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas.
En particular, las sospechas de centraban en un contrato para la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.
Los gastos judiciales, de 200.000 francos suizos (unos 216.000 dólares, 192.000 euros), correrán de todos modos por cuenta de los acusados, entre ellos el ex jefe de Estado español (1975-2014), que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos.
La decisión de la justicia de atribuirles los costes del proceso se debe a que la instrucción reveló que hubo algunas infracciones.
La investigación permitió establecer que Juan Carlos I efectivamente recibió el 8 de agosto de 2008 la suma de 100 millones de dólares de parte del ministerio de Finanzas de Arabia Saudita en una cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud de Ginebra.
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El procedimiento también mostró evidencia de otros giros recibidos por el rey emérito o Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, su examante, de varios millones de dólares, «procedentes de Kuwait y Baréin», según la fiscalía.
Según la fiscalía, «todas estas transferencias no fueron debidamente documentadas».
En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a una cuenta en Bahamas de una empresa propiedad de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
– «Voluntad de disimulación» –
Tras la instrucción, la fiscalía suiza halló que «la utilización de una fundación, así como el domicilio fiscal de las empresas por parte de los diferentes protagonistas, demostraba una voluntad de disimulación».
«Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada que justificara las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas y la cronología de los hechos constituyen indicios contra los acusados», señalaron las autoridades, que igualmente archivaron el caso, ya que no pudieron concluir que hubo una operación de corrupción.
La transferencia de estos 100 millones de dólares por parte de la monarquía saudita es objeto de tres investigaciones en España contra el rey emérito, una figura central de la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Juan Carlos I, de 83 años, abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe VI, a raíz de una serie de escándalos que comenzaron en 2012 con una cacería de elefantes en Botsuana adonde viajó acompañado por Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria danesa divorciada de un príncipe alemán del que conservó el apellido, aunque también se la conoce por su nombre de soltera, Corinna Larsen.
Cercado por las revelaciones en la prensa sobre su presunta fortuna opaca, el rey emérito se exilió en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos.
La fiscalía española, que comenzó sus diligencias en diciembre de 2018, ha prorrogado su trabajo por seis meses más a partir del 17 de diciembre.
De todas maneras, los fiscales necesitan hallar delitos posteriores a 2014, ya que hasta su abdicación el rey emérito contó con inviolabilidad ante la justicia.
Ante la presión, el antiguo monarca realizó dos regularizaciones fiscales por unos 5 millones de euros (5,7 millones de dólares al cambio actual) desde finales de 2020 por rentas no declaradas.
Pese a que la fiscalía suiza cerró el caso, decidió imponerle una multa de 50.000 francos suizos al banco Mirabaud por haber omitido comunicar a partir de julio de 2018 la cuenta persona de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Esta última declaró en un comunicado tras la decisión del lunes que fue «totalmente exculpada» en un caso, que según ella «no ha hecho más que amplificar una campaña de desprestigio», que llevan a cabo algunos interesados en España.
La examante del rey intenta actualmente demandar a Juan Carlos en Londres por acusaciones de acoso tras su ruptura, pero el exsoberano invocó su derecho a la inmunidad como miembro de la familia real. La justicia británica todavía no se ha pronunciado.
Debido a la proliferación de informaciones de prensa sobre su padre, el rey Felipe VI se distanció de él y en marzo de 2020 le retiró su asignación anual, de unos 200.000 euros y además renunció a su herencia.
