Robos siguen dejando a miles de dominicanos sin servicio de telecomunicaciones

Santo Domingo. La sustracción de componentes de cobre de las redes de comunicaciones, baterías de las celdas y combustible que alimentan los sistemas de energía eléctrica de emergencia de las facilidades donde están instaladas las antenas, constituye un importante desafío para el sector de la telecomunicación en la República Dominicana, tanto en términos del impacto en el servicio al usuario, que cuando sucede el hecho se queda totalmente desconectado, así como en la limitación del presupuesto que destinan las empresas para el crecimiento de ese segmento económico.

Según los datos con los que cuenta la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), solo el robo de componentes de cobre de las redes de comunicación afectó a cerca de 35,000 usuarios durante el período enero-septiembre 2021, con una media de 3,371 usuarios por mes; y generó pérdidas económicas significativas para los consumidores particulares y del segmento de negocios, así como para las prestadoras de servicios que deben reinvertir en la reposición en lugar de hacerlo para mayor cobertura y crecimiento de sus redes.

La situación se agrava cuando se confunden los cables de cobre con los de fibra óptica o híbrido de fibra-coaxial, teniendo como consecuencia la afectación de servicio a más 10,000 usuarios a septiembre del presente año.

La directora ejecutiva de la entidad, Claudia García, señala que la interrupción de los servicios de telefonía e internet impacta a los usuarios no solo en términos económicos, sino en sus actividades personales, laborales y académicas, así como a los sistemas de seguridad de empresas y residencias. Como consecuencia, se imposibilita el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia y de alarmas; se pierde la capacidad de recibir o enviar alertas y la capacidad de comunicación por medio de la línea telefónica, además de que las alarmas pueden perder gran parte de sus funciones automatizadas de notificación de alertas, monitoreo remoto o comunicación con la central de monitoreo.

Asimismo, la práctica delictiva de robo de cables de cobre representa una carga en inversión no planificada que ascienden a RD$49,116,009.69 para las dos principales compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones, solo en el período enero-septiembre 2021, que incluyen reposición de los activos sustraídos, gastos en seguridad y procesos legales.

A esta problemática se suma el robo de combustibles y baterías de las celdas de comunicación, que en el período enero-octubre de este año representa RD$10.3 millones en 151 incidentes. Este monto agregado al correspondiente al hurto de componentes de cobre genera pérdidas totales que asciende a los RD$59.4 millones. Estos costos afectan negativamente el presupuesto para crecimiento del sector.

Implementación de medidas

El móvil de estos robos, para una posterior venta ilícita, es un factor importante para la determinación de las medidas a tomar para evitar nuevos casos. La venta de cables de cobre como chatarra o metal reciclado en el mercado ilegal, a precios irrisorios, se ha convertido en un negocio muy lucrativo para quienes se dedican a esta actividad delictiva, en la mayoría de los casos bandas organizadas cuyo fin último es procesar el metal y prepararlo para su exportación a otros mercados en los cuales se vende de forma irregular.

En el caso del combustible, este es sustraído por delincuentes de las zonas aledañas a las facilidades donde están instaladas las antenas y elementos de transmisión de las redes de telecomunicaciones o por bandas organizadas que cuentan con camiones de 1,500 galones y hacen rutas por diferentes zonas del territorio nacional. El gasoil es vendido a personas de esas comunidades, a pequeños comerciantes o a camioneros en las carreteras.

El robo de baterías de los sistemas de energía eléctrica de emergencia, en las facilidades donde están instaladas las antenas de las redes de telecomunicaciones, se registra en todo el territorio nacional, pero especialmente en la zonas fronteriza y metropolitana. Es perpetrado por grupos organizados más sofisticados que además de violentar las verjas perimetrales de las instalaciones deben tener conocimientos técnicos para abrir las cabinas y hacer el desmonte de las baterías, las cuales son usualmente vendidas a pequeños comerciantes, salones de belleza y a dueños de equipos de música móviles conocidos como discolights.

Entre las acciones que ha tomado COMTEC para frenar esta problemática del robo de cables de cobre se incluye el acercamiento con el equipo técnico de la Dirección General de Aduanas para plantear la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y verificación en los diferentes puntos de control para frenar las actividades de exportación del metal ya procesado. De esta manera, se desincentiva la venta a minoristas que se dedican a comprar los cables que han sido robados a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas para quemarlos, a eliminar la identificación de su procedencia y luego venderlos a empresas que los exportan.

Parte de la estrategia presentada por COMTEC es la ejecución de un plan de acción que contemple, entre otras medidas, la suspensión de los embarques de cobre que no cumplan con todos los requerimientos de la Ley 110-13 (para el comercio y la exportación de desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, chatarras y desechos de cobre y aluminio) y su reglamento de aplicación. Esta medida garantizaría que las exportaciones de cobre cumplan con los requisitos establecidos para la comercialización y exportación del metal y que su adquisición sea el resultado de transacciones legales.

De igual forma, se plantea la revisión de los procesos y controles aduanales que deben agotarse para la exportación de cobre; el despliegue de campañas de concienciación sobre esta práctica y su efecto negativo en el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar general de los dominicanos.

Los representantes de COMTEC aseguran que para poner control a este flagelo es importante el recrudecimiento de las sanciones judiciales a quienes se dedican a esta actividad ilícita y la planificación y ejecución de operativos conjuntos entre las distintas entidades con facultad legal para intervenir en estos casos, como el Indotel, la Policía Nacional y la Procuraduría Fiscal, a los fines de desmantelar las bandas que se dedican a la compra y venta ilegal de cobre.

Importancia de blindar el sector

La problemática de hurto de componentes de telecomunicaciones y la débil institucionalidad para enfrentarlo es una amenaza a la promoción de la República Dominicana como destino de inversión en ese sector, que en el 2018 fue el sexto que más aportó al Estado, al contribuir RD$26,668.48 millones, que representan el 6.2 % de las recaudaciones totales en ese período.

En el lapso 2010- septiembre 2020, la República Dominicana registró alrededor de US$27,419.4 millones por concepto de inversión extranjera, de los cuales US$1,060.4 millones corresponden a inversiones en telecomunicaciones, que constituyó un 3.9% de la inversión extranjera total.

Asimismo, el año pasado las prestadoras miembros de COMTEC realizaron una inversión consolidada para la expansión de la red de telecomunicaciones de la República Dominicana que supera los RD$15,000 millones, lo cual genera un impacto positivo en la economía local, que se suma a la generación de más 10,150 empleos directos y otros 10,926 de manera indirecta.

El sector telecomunicaciones en la República Dominicana es el segundo más gravado de la región de Latinoamérica y el Caribe, con un 30% de impuestos directos, lo que representa un importante aporte para el fisco, pero al mismo tiempo es un factor de desincentivo para los inversionistas extranjeros.

En el 2018, este sector pagó RD$7,157.27 millones solo por concepto de impuesto al ingreso de las empresas, equivalente al 8.6% de las recaudaciones totales, ocupando el segundo lugar entre las actividades económicas que más contribuyeron al Estado en ese renglón.

En 2020, el sector contribuyó RD$10,699 millones de impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), y pagó RD$7,494 millones de impuesto sobre el consumo (ISC), adicionalmente pagó al Indotel RD$1,244 millones por concepto de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) y alrededor de US$600,000 dólares por concepto de la Tasa de Desarrollo y Sostenibilidad del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad (9-1-1), que desde el 2017 grava todos los minutos y mensajes cortos de texto (SMS) para destinar esos fondos al mantenimiento y actualización de infraestructura para el manejo del 911.

Adicionalmente, las empresas de telecomunicaciones pagan otros impuestos de la operación como el 1% en impuestos a los activos cuando es superior al impuesto sobre la renta en base a los beneficios, tasas administrativas a los municipios por instalación de antenas y vallas: 10% de ISC sobre fianzas y seguros; 27 % de WHT por pago de remesas al exterior (exceptuando a Canadá y España con los que existen acuerdos y se paga 18% y 10% respectivamente); 14% de TSS: aportes obligatorios, Seguridad Social, y 0.15 % por transacciones financieras.

Dada la alta tasa impositiva con la que carga el sector, el Estado dominicano debe garantizar a las empresas de telecomunicaciones garantía jurídica y seguridad mínimas para que el sector continue siendo atractivo para la inversión y reinversión.