“Resulta irracional exigir a los ciudadanos propietarios de motocicletas que ya cuentan con una matrícula emitida por la DGII (Dirección General de Impuestos Internos) que vuelvan a registrar las mismas, máxime si esto implica pagos por servicios de dudosa legalidad, cuando es un hecho incontrovertido que estas motocicletas ya se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Vehículos de Motor de la DGII”, advirtió el Defensor del Pueblo el pasado mes de octubre cuando le otorgó un plazo de 15 días al Intrat para que dejara de exigir dicho registro.

En una comunicación de prensa explica que el Intrant ha generado unas exigencias que no se encuentra “taxativamente establecidas en la ley” y que resultan contrarias a los principios de juridicidad, racionalidad, seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, y de ejercicio normativo del poder”.



A pesar de que el Defensor del Pueblo emplazó en octubre al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) para que se abstuviera de solicitar el registro de motocicletas, cuya información ya está contenida en la DGII, el organismo de transporte ejecuta su resolución causando inconvenientes a los ciudadanos.

El tema del registro volvió al tapete con la denuncia de un motoconchista a quien le fue retenido ayer lunes su motor con el que se gana el sustento de sus tres hijos.



Luis Brazobán tiene hoy dos días sin trabajar y clamó que solo quiere que se le permita pagar la multa y retirar la motocicleta.

El motoconchista Luis Brazobán, quien se queja por la retención de su motocicleta con la que se gana la vida trasladando personas de un lugar a otro. (Fuente externa)

Indica el Diario Libre que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) detuvieron a Brazoban en la avenida 27 de Febrero, entre Carmen María de Cornielle y Núñez de Cáceres, porque no había hecho el registro del motor, el cual, según le informaron, hay que hacerlo a partir del 7 de enero.

Afirmó que cuando fue a pagar la multa en la oficina del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), que está en el Estadio Quisqueya, se le informó que trabajarán a partir del 7 de enero, fecha en la podrá buscar su vehículo.

En un video que subió a las redes sociales, embargado de impotencia, Brazobán envía su mensaje al presidente de la República, Luis Abinader, para que resuelva su situación porque de lo contrario se le hará difícil sostener a su familia durante los días que la motocilceta permanezca retenida.

“Me tienen mi motor retenido, voy a pagar el registro y no están trabajando hasta enero, entonces los tres hijos míos (…) entonces (presidente Luis Abinader Coronoa) nosotros vamos a durar hasta enero sin comer ahora”, se pregunta Brazonban en el mensaje.

Aseguró que conducía con su casco protector, que posee su licencia y matrícula y que solo le falta el registro de motor, lo que el Intrant le ha imposibilitado hacer en estos días.

Tras denuncia Intrant volverá a dar servicios

Entrevistado por Diario Libre, Luis Brazobán sostuvo que después del video se le llamó del Intrant para informarle que se dispuso dar servicio otra vez el día de mañana, 29 de diciembre, el jueves 30 y el viernes 31.

Reaccionó a la información del Intrant, confiando en que “mañana, si Dios quiere” resolverá su problema.

Caso omiso a advertencia del Defensor del Pueblo

“Resulta irracional exigir a los ciudadanos propietarios de motocicletas que ya cuentan con una matrícula emitida por la DGII (Dirección General de Impuestos Internos) que vuelvan a registrar las mismas, máxime si esto implica pagos por servicios de dudosa legalidad, cuando es un hecho incontrovertido que estas motocicletas ya se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Vehículos de Motor de la DGII”, advirtió el Defensor del Pueblo el pasado mes de octubre cuando le otorgó un plazo de 15 días al Intrat para que dejara de exigir dicho registro.

En una comunicación de prensa explica que el Intrant ha generado unas exigencias que no se encuentra “taxativamente establecidas en la ley” y que resultan contrarias a los principios de juridicidad, racionalidad, seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, y de ejercicio normativo del poder”.