Diversas organizaciones del sector privado, sociedad civil y religiosas, agrupadas en el movimiento Somos la Resistencia, denunciaron ante el Congreso Nacional y el país supuesta corrupción, presión y tráfico de influencias utilizadas por las altas instancias de la Cámara de Diputados, para aprobar de manera inconstitucional el Código Penal.
Los representantes Somos la Resistencia, detallaron que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, se ha establecido una agenda que busca la aprobación del Código penal en franca violación con los reglamentos congresuales y la Constitución Dominicana.
Destacaron que a pesar de que el código fue rechazado el 16 de diciembre en dos votaciones consecutivas por la mayoría de los diputados, se continúa presionando a los legisladores, para que conozcan la pieza legislativa y cambien su voto, aprobando de manera ilegal.
Denunciaron que se ha querido comprar la voluntad soberana de los diputados, presionándolos para que voten a favor del Código Penal autoritario, represivo e inconstitucional, que permitirá al Gobierno eliminar la libertad de los padres a educar a sus hijos, entre otros.
Reiteraron que en el Código Penal existe una disparidad entre crímenes y penas, sancionando con mayor peso a los hombres que a las mujeres por el mismo delito. Destacaron que el feminicidio tiene una sanción de 30 a 40 años, pero el homicidio solo es penalizado con 10 a 20 años. Asimismo el aborto recibe menos sanción que el robo de ganado, a pesar de que el derecho a la vida es protegido constitucionalmente.
Afirmaron que estas contradicciones en las sanciones son inconstitucionales, puesto que el Congreso Nacional no puede sancionar crímenes de iguales condiciones y mucho menos, sancionando el robo de un ganado por encima del asesinato de una vida humana. Solicitaron penalizar con 30 a 40 años la comisión de homicidios, feminicidios y aborto.
Resaltaron nuevamente que la aprobación de la orientación sexual en el Código Penal, legaliza la pedofilia, zoofilia, necrofilia y diversas orientaciones sexuales, contrarias al orden público, las buenas costumbres y la legislación dominicana.
Los representantes de la sociedad civil, iglesia unida y el sector empresarial, anunciaron que defenderán la integridad de los procesos congresuales ante la Justicia Dominicana, oponiéndose de manera firme ante cualquier atentado contra la integridad familiar y la libertad de conciencia.
Intimaron a los diputados a no violentar el orden constitucional para aprobar el Código Penal, para lo cual movilizarán el país, evitando la vulneración de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.
