La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en San Juan de la Maguana dictó un año de prisión preventiva a cuatro hombres que integraban una red que estafó al Estado mediante suplantación de identidades de beneficiarios de la Administración de Subsidios Sociales.
La jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda impuso la medida de coerción a los cabecillas del grupo Daniel Villegas Aquino (Pocholo) y Cristopher Piña Javier, así como a Ambriori Encarnación Ubrí y Rigoberto Solís, quienes son imputados de asociarse para sustraer millones de pesos al programa asistencial.
Villegas Aquino deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, mientras que Piña Javier, Encarnación Ubrí y Solís, en la cárcel pública del municipio San Juan de la Maguana.
Los fiscales de este distrito judicial Vicente Rodríguez Sánchez y Hernanda Arias Peña representan al Ministerio Público en la investigación y litigación del caso.
La Fiscalía de esta demarcación, en coordinación con autoridades policiales, desmanteló la red en diciembre pasado en el transcurso de varios allanamientos en el municipio San Juan de la Maguana y en la sección El Batey.
Villegas Aquino y su cuñado Piña Javier, según ha establecido la investigación, se confabulaban con dueños de colmados para el cobro del subsidio que el Estado entrega a familias de escasos recursos.
Durante las pesquisas a Ambriori Encarnación Ubrí, propietario del colmado La Altagracia, ubicado en la Prolongación 27 de Febrero, de esta ciudad, las autoridades ocuparon vouchers de pago, volantes de depósitos y retiros de una cuenta bancaria por más de dos millones setecientos cincuenta mil pesos (RD$2,750,000), obtenidos durante sus operaciones fraudulentas.
En el Colmado Solís, ubicado en El Batey y propiedad de Rigoberto Solís, ocuparon un verifone, voucher de pago, volantes de depósito y retiro y varias tarjetas de los programas sociales, a pesar de que su verifone ya había sido bloqueado debido a irregularidades anteriormente cometidas.
La Fiscalía de San Juan indicó que, en las casas de los principales cabecillas de la red, se ocuparon nueve teléfonos, laptops, yipetas, casi un millón de pesos en efectivo, documentos de propiedad y de alquileres de locales, además de memorias USB que dan constancia de la data que usan para la estafa.
El órgano del Ministerio Público señaló que con las acciones de robo agravado los imputados afectaron a millones de usuarios de los servicios de subsidios sociales que realiza el Estado dominicano a favor de los más necesitados.
La investigación determinó que Villegas Aquino poseía una base datos con las cédulas y códigos de los beneficiarios de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), con cuyos registros obtenía los verifones para los colmados, a cuyos propietarios les pagaba el 50% del dinero estafado.
Los integrantes de la red pasaban esas cédulas con sus respectivos códigos y la institución les depositaba los montos reportados a los dueños de los colmados.
El Ministerio Público sostiene que se valían de contactos en los bancos y en el propio programa para obtener información de establecimientos comerciales que no estaban confabulados con ellos y les enviaban a personas que simulaban pertenecer al programa para cobrar sumas millonarias.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal; 15 de la Ley 53-07 y 3 y siguientes de la Ley 155-17, sobre asociación ilícita para cometer estafa agravada en perjuicio del Estado, Estafa Electrónica y Lavado de Activos.
