La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), manifiesta su profunda preocupación por la aguda situación creada por la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de no sumarse al reinicio de la docencia en el sector educativo oficial, bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia por covid-19 pondría en peligro la salud de maestros y estudiantes.
Inquieta a amplios sectores de la sociedad dominicana que la ADP se arrogue una función institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional.
Desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos por adoptar decisiones al margen de los mecanismos previstos por las leyes.
Si bien es cierto que el país se encuentra enfrentando diversos efectos ocasionados por la pandemia, no puede pretenderse que un único sector se resista a la vuelta hacia la normalidad tomando en cuenta que otros sectores de naturaleza similar lo han hecho en las actuales circunstancias, adoptando las necesarias medidas de prevención. De acuerdo a los datos oficiales, el sector magisterial ha sido privilegiado en los programas de vacunación y en la implementación de los protocolos sanitarios de lugar.
Por tanto, no resulta razonable, desde una perspectiva colectiva e intergeneracional, adoptar las medidas que ha puesto en práctica la ADP, cuyo impacto desfavorable gravitará sobre la educación dominicana, precisamente en momentos donde se requiere la unidad, fortalecimiento y consenso de todos los sectores sociales. Además de que desde el punto de vista del tejido productivo nacional, el llamado a que los profesores no se presenten a sus labores en las escuelas genera mucha incertidumbre y, por tanto, podría afectar el desarrollo económico del país.
Desde FINJUS, reiteramos nuestra exhortación a la ADP para que sus actuaciones se adopten en un marco de legalidad, razonabilidad y prudencia, colocando los mejores intereses nacionales por encima de cualquier consideración particular. La ADP y el conjunto del magisterio nacional deben ser actores de primera línea para garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución dominicana, promoviendo una educación de calidad, integral, permanente y en igualdad de condiciones.
Confiamos en que la ADP reconsiderará su postura y dará los pasos necesarios para retomar la coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, para adoptar las medidas de prevención que garanticen la salud de los docentes y estudiantes y sus familias, y llame a la reanudación de la docencia, de forma que avancemos en la eficiencia y calidad del sistema educativo nacional y en los logros sociales alcanzados en este sector.
