El movimiento cívico Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Trata de personas en la República Dominicana”, el cual tiene como finalidad sensibilizar a los miembros de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y la ciudadanía en general sobre la situación de la trata de personas y la formulación de formas efectivas de combate a la misma dentro de los órganos reguladores y organismos encargados de hacer cumplir las leyes.
El movimiento cívico señaló en nota de prensa que, la trata de personas ha estado presente en nuestro país desde antes de la pandemia por causa del COVID-19, sin embargo, es necesario destacar que durante esta crisis hay factores que aumentaron la vulnerabilidad de algunas personas, principalmente de las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y/o reducción de horas laborables, que de una manera u otra afectó los ingresos económicos de las familias dominicanas.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien señaló que esta institución sigue realizando alianzas para la sensibilización sobre la trata de personas.
“La trata de personas es un tema que desnuda una dura realidad, de una problemática que está íntimamente ligada a la pobreza, a la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y corrupción”, puntualizó Leidy Blanco.
Tahira Vargas, integrante del equipo de investigación de este estudio, señaló que la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial que se da en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.
“En Boca Chica, se observa una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente como víctimas de explotación sexual comercial”, precisó.
La investigación plantea que, “algunas familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema ofertan a sus hijos e hijas en el comercio sexual convirtiéndolos en víctimas de trata de personas e introduciéndose sus padres/madres en los canales de captación de la trata”.
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La débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios afecta notablemente la prevención y la detección porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito, precisa el estudio.
Por ello, la trata de personas se convierte en un delito con una alta impunidad y además permeada por la corrupción y la complicidad con los tratantes de autoridades responsables de su persecución.
El estudio especifica que tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que han sido y son víctimas de trata en explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.
La investigación que se presentó es el resultado del estudio cualitativo realizado en los municipios de Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís desde entrevistas y grupos focales virtuales y presenciales con actores gubernamentales y no gubernamentales.
En el lanzamiento del estudio se contó con la asistencia de autoridades municipales, funcionarios públicos, y miembros integrantes de la sociedad civil.
Este estudio se realiza en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia de Participación Ciudadana, el cual se desarrolla conjuntamente con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) a través de una serie de acciones orientadas al aumento del compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y la prevención del delito en la República Dominicana.
