Santo Domingo. El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, recomendó que el Senado deje sin efecto el contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina, que el Gobierno retire la intención de crear el mismo y que proceda a licitar una firma que pueda administrarla financieramente.
De la Rosa Tiburcio consideró que hasta el momento Punta Catalina se ha manejado de manera eficiente y que eso lo demuestra el hecho de que mensualmente el Ministerio de Hacienda recibe de utilidades provenientes de la central termoeléctrica US$15 millones, lo que significa que para el año en curso podría estar representando ingresos de beneficios por unos US$250 millones.
¨De la misma forma que pudiera multiplicarse por la eficiencia en la generación de energía que abarata el costo del kilovatio hora. Por ello, entendemos que lo que procede es mantener a Punta Catalina como un bien del Estado, que se haga una licitación para lograr conseguir una firma que administre y opere esta central termoeléctrica y lograr que siga trabajando de manera eficiente¨, reiteró el abogado.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, afirmó que la figura del fideicomiso en la República Dominicana se creó basándose en el derecho privado y que no hay regulación para el fideicomiso público.
Aunque recordó, que ya hay antecedentes con la creación del fideicomiso de RD-Vial, la diferencia con Punta Catalina es que el primero consta de un comité técnico compuesto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Explicó que al constituirse el fideicomiso para Punta Catalina y crear un comité técnico compuesto por cinco personas físicas e identificadas, como lo contempla el contrato aprobado por la Cámara de Diputados, el Estado dominicano le estaría cediendo a ese comité el manejo operativo que tendría y la capacidad en disponer de la administración de ese patrimonio del Estado por treinta años.
Dijo si bien es cierto que se tiene participación accionaria en empresas capitalizadas, las mismas se hicieron a través del mandato de una ley, y en esta ocasión, se estaría dando participación al sector privado, que dará participación a empresarios a inversionistas en un bien del Estado que bajo la figura del fideicomiso se le estarían transfiriendo estos bienes a sectores particulares.
Al preguntarle ¿Si en el país operan otros fideicomisos como el de RD-Vial por qué se considera que en el caso de Punta Catalina se vulneran mandatos constitucionales?, el presidente de ADOCCO explicó que en esta oportunidad el fideicomiso que se ha establecido no es una sección del patrimonio nacional porque lo componen tres entidades del estado, que serían el Ministerio de Hacienda, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Fiduciaria Reservas, sin embargo, el contrato contempla la capacidad del comité técnico de cambiar de fiduciaria.
“Significa que si mañana otra fiduciaria le hace una mejor oferta en el cobro de la comisión que le corresponde, en esta transacción puede el comité técnico cambiar de fiduciaria. Entonces, podría salir uno de los tres actores estatales, como bien señala el Gobierno, pero también hay un ente que está en proceso de liquidación que es la Cdeee”, manifestó.
Dijo que la representación de la Cdeee la ostenta el Ministro de Energía y Minas en un acto ilegal, ya que según expresó, se ha atribuido ese derecho a través del Decreto 342-20, que crea la comisión de liquidación de esa institución.
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