Santo Domingo. El director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que dicha entidad ha desarrollado un sistema de alertas que detecta las prácticas de creación de decenas de empresas a la vez para participar en los procesos del Estado.
“El sistema de alerta tiene 17 variables, por ejemplo una variable nueva es para detectar colusión que es una práctica extendida en República Dominicana, y ¿qué es colusión? Las personas que se dedican a crear empresas, y crean 5, 10 empresas y participan en procesos”, expresó el Pimentel.
Durante una entrevista en el programa radial Distrito Informativo, por la Rocka 91.7, añadió que se debe corregir el factor de las ofertas temerarias que concluyen en actos donde un tipo de grupos o empresas terminan con procesos a su favor.
“Participan en procesos con unos precios que ni el fabricante del bien puede competir con eso. ¿Y que buscan con eso? Una adjudicación, un contrato y después un adenda. ¿Qué pasa también? que posteriormente la entidad no recibe lo que esperaba”, expresó.
En el programa conducido por Dolphy Peláez y las periodistas Kharla Pimentel, Hogla Enecia Pérez y Natalí Faxas, afirmó que este 27 de febrero de 2022 se anunciará la introducción del anteproyecto de ley que busca modificar de manera integral la Ley 340 de Compras y contrataciones Públicas, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado Dominicano.
Agregó, además, que los sistemas de contrataciones de los países no son sistemas de anticorrupción, aunque tengan una base de corrupción su fin esencial es garantizar el desarrollo e inversión pública y es lo que busca el anteproyecto de ley sometido, de llevar de un 20% a un 30% las contrataciones dirigidas a las MYPIMES, para garantizar empleos a través de 18 empresas públicas.
“Hay que seguir desarrollando una política pública que garantice derecho, mientras tanto seguimos hablando de corrupción y que rueden cabezas”, expresó el abogado.
Pimentel enfatizó que el 32% del presupuesto general de la nación que está destinado a bienes, servicios y obras, también puede servir para garantizar calidad de vida a la gente y derechos, porque la corrupción nos empobrece y no quita derechos.
