La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha solicitado una nueva prórroga y ahora está pidiendo a un tribunal más tiempo para continuar las investigaciones del caso Medusa, donde está implicado el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
A través de una instancia, el órgano persecutor del crimen requiere del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control del caso, cuatro meses más para terminar las pesquisas y presentar acusación contra los imputados de este proceso por corrupción.
La Pepca, que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho, tenía un plazo de ocho meses para presentar acto conclusivo, pero como no han concluido sus investigaciones, entonces ha pedido la prórroga, tal y como se lo permite el Código Procesal Penal.
Ahora, un juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijará una audiencia, donde deberán comparecer los fiscales anticorrupción, además de los imputados y sus abogados, para decidir al respecto.
La defensa de Jean Alain días atrás había dicho que la Pepca jugaba a extender el tiempo de la investigación para mantener al exprocurador mucho más tiempo recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Adelantaron, esa vez, que tal y como pasó ahora iban a pedir una prórroga.
Además del exprocurador son imputados en el caso Medusa, Jonathan Rodríguez Imbert y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quienes desde julio del pasado también cumplen prisión preventiva Najayo.
En tanto que la prisión domiciliaria está Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercede Marte y Jenny Marte Peña.
El proceso judicial también involucra a Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De igual manera a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana.
Según el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
