Pasados y actuales legisladores de distintos partidos figuran con implicaciones en algunos de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de activos que han sacudido a la República Dominicana.

Según lo informado, la más reciente figura involucrada en una investigación de esa índole, es una ex diputada del Partido de la Liberación Dominicana.



Gladys Sofía Azcona de la Cruz una ex legisladora del PLD imputada en el caso FM, engrosa la lista de figuras políticas investigadas por su presunta vinculación con redes del crimen organizado.

La ex congresista se le imputa por lavado de activo proveniente del narcotráfico; actividad ilícita que le habría permitido mover casi 159 millones de pesos a través de los bancos.



Según la información, antes que ella, varios legisladores de los dos principales partidos fueron vinculados en al menos tres importantes expedientes de narcotráfico.

En la denominada Operación Falcón fueron involucrados el ex congresista del PRD Juan Maldonado. También los diputados Héctor Dario Féliz Féliz, Nelson Marmolejos Gil y Faustina Guerrero.

Red de narcotráfico y lavado de activos operaba desde antes del 2012
Todos están vinculados una presunta red que desde antes del 2012 habría movilizado entre República Dominicana y Puerto Rico alrededor de 8,500 kilos de cocaína.

Llegando a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

También figura en el caso la legisladora Rosa Amalia Pilarte, a la que se le atribuye ser integrante de la organización que supuestamente encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio, dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Según la acusación se habría prestado para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones pesos provenientes de actividades ilícitas entre 2007 y 2019.

Finalmente esta Miguel Andrés Gutiérrez Díaz diputado del PRM arrestado en Miami. A quien se le acusa de formar parte de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

La acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami, establece que cometió los ilícitos entre el 2014 y 2017.