El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez y el director del matutino Listín Diario, Miguel Franjul, consideraron riesgoso para la libertad de expresión una inadecuada regulación de los derechos de la personalidad en el proyecto de Ley Orgánica de Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen.
Rodríguez y Franjul hablaron en un panel moderado por el exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Alejandro Moscoso Segarra, decano de Derecho de la Universidad Apec (Unapec), y presidido por su rector, Franklin Holguín Haché.
Los panelistas coincidieron en señalar que el populismo legislativo como uno de los principales fenómenos que amenaza la libertad de expresión en el país.
Rodríguez dijo que la libertad de expresión como derecho fundamental no es absoluta, sino que se configura frente al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas.
Sin embargo, destacó que la regulación de esos derechos se debe hacer teniendo a la vista que viven una tensión permanente en el debate público y evitando figuras legales imprecisas y abiertas que otorgarían una “carta en blanco” a las autoridades para limitar la libertad de expresión en desmedro de la lucha contra la corrupción.
“La riquísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión debe informar cualquier iniciativa de reforma en la materia, debido al precedente vinculante del máximo intérprete de la Constitución”, subrayó el jurista al comentar el proyecto de Ley Orgánica sobre Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen aprobado en primera lectura en el Senado.
No censura previa
De su lado, Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (sip), alertó sobre las amenazas que se ciernen sobre las libertades de expresión e información en iniciativas legislativas que no parten del principio constitucional de que este derecho se debe ejercer sin censura previa.
Franjul hizo una reflexión sobre el difícil momento que están atravesando los medios de comunicación en el país y dijo que cualquier iniciativa para su regulación debe ser el resultado del consenso social.
Adujo que existen prioridades que deben estar en la agenda del Poder Legislativo, como regular las noticias falsas y la “pos verdad” en el debate público.
Igualmente, reconoció la labor del Tribunal Constitucional en la salvaguarda de la libertad de expresión en el país a partir de la sentencia TC/0075/16, que despenalizó parcialmente los delitos de difamación e injuria.
“Esa sentencia fue el punto de partida para una serie de decisiones del tribunal que han reforzado el ejercicio de la libre expresión en el país”, concluyó.
