Santo Domingo, RD.- Ante el anuncio del presidente Luis Abinader de que hay una comisión que trabaja el deslinde de los terreros del Palacio Nacional para resolver de forma amigable el impasse entre el Gobierno y la familia propietaria de una parte de los terrenos, la familia Lluberes Saviñón reiteró sobre su reclamo de los 27 mil metros cuadrados que aún no tienen papeles por parte del Estado, y que pertenecen legítimamente a la referida familia.



En 1907, Pedro Antonio Lluberes Saviñón donó los terrenos para levantar ahí la Universidad Santo Tomás de Aquino, pero en 1943, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina decretó de utilidad pública 43,000 metros cuadrados y levantó la casa de Gobierno, sin que ninguno de los mandatarios posteriores realizase los procesos correspondientes para sacar los títulos definitivos.

“El error fue que solo declararon, para suerte nuestra, de los 70 mil metros cuadrados que tiene el Palacio Nacional, 43 mil metros. Entonces la parte delantera, las escaleras y el lobby del Palacio, si hay que dividirlo, es de mi familia, porque las autoridades dominicanas no tienen los papeles de esos 27 mil metros cuadrados”, explicó para Las Exclusivas de José Peguero el tataranieto del propietario de los terreros, Carlos Lamarche.



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Luego de 115 años, los descendientes de la familia Lluberes Saviñón exigen los terrenos del Palacio Nacional, por lo que le hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que se acerque a esta familia en busca de una situación amigable respecto a la parte de los terrenos del Palacio que les pertenecen.

Aseguró que si el Gobierno dominicano no les reconoce los 27 mil metros que les pertenecen, demandarán ante las cortes internacionales sus derechos. Asimismo, pidió al presidente Abinader reunirse con los descendientes Lluberes Saviñón en busca de alternativas para solicitar este impasse.

La comisión designada por el presidente Abinader para trabajar el deslinde de los terrenos del Palacio es coordinado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Lamarche enfatizó que su intención no es que sea demolida la parte del Palacio que les pertenece, sino que el Gobierno busque alternativas amigables con la familia afectada para que puedan ser compensados por la posesión de sus terreros.