Una víctima del tiroteo registrado en el metro de Nueva York en abril pasado pasado interpuso este martes una querella contra Glock, la empresa fabricante de la pistola que utilizó el atacante, en particular, su estrategia comercial.
Ilene Steur, una mujer de 49 años herida de bala en el incidente, apunta a la estrategia de marketing de la célebre marca de armas con sede en Austria, alegando que «pone el acento» en la «gran capacidad» de tiro y la «facilidad para disimular» la pistola semiautomática en cuestión.
Se trata de características que seducen a «potenciales compradores con intenciones criminales» como Frank James, el atacante del metro, quien compró legalmente la Glock 17 9mm en 2011 en el estado de Ohio, según la denuncia presentada el martes ante el tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York.
Steur acusa a Glock de haber inundado el mercado estadounidense, lo que motivó que los departamentos de la Policía, uno de sus clientes, renovaran su arsenal antes de lo previsto poniendo las armas en el mercado de segunda mano civil.
Contactada por la AFP, la filial estadounidense de Glock no había respondido el miércoles.
«Los fabricantes de armas no viven en una burbuja. Son conscientes de que sus estrategias de marketing permiten a compradores malintencionados poner en peligro la vida de personas inocentes», declaró Mark Shirian, uno de los abogados de la querellante, que reclama un proceso civil para obtener reparación.
La querella coincide con los ecos de dos recientes matanzas en el país: una, perpetrada por un supremacista blanco en un supermercado de Buffalo, norte del Estado de Nueva York, el 14 de mayo, la cual dejó 10 personas negras muertas; otra el 24 de mayo, en una escuela primaria de Texas, donde un joven de 18 años con un rifle semiautomático mató a 19 menores y dos profesoras antes de ser abatido por policías.
No es la primera vez que las víctimas apuntan contra los fabricantes de armas. En febrero pasado, Remington aceptó pagar 73 millones de dólares a las víctimas de la matanza del colegio de Sandy Hook, que dejó 26 muertos en Connecticut, en diciembre de 2012.
Las familias emprendieron acciones judiciales contra el fabricante y su filial al estimar que había vendido una versión del fusil semi-automático AR-15, una arma de tipo militar «que no está adaptada» al uso civil y que fue emplada por Adam Lanza, de 20 años, para su ataque en el colegio.
