La trasnacional española Telefónica reveló solicitudes de «interceptaciones» de más de 1,5 millones de sus líneas de telefonía y accesos a internet en Venezuela en 2021, lo que defensores de derechos humanos consideraron como señal del avance de un programa de «vigilancia masiva» estatal.
Las «interceptaciones legales» de líneas de telefonía y accesos de internet de Telefónica saltaron de 380.250 en 2016 a 861.004 en 2021, con más de 1,5 millones de «accesos afectados» en ese último año, según un informe de la compañía, presente en la nación caribeña desde 2005.
La empresa difundió datos sobre las solicitudes de interceptaciones y bloqueos a sitios web recibidas de las autoridades en los doce países donde opera: Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
«Es un abuso sistemático de la interceptación de comunicaciones», dijo a la AFP Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, una ONG venezolana que lucha contra bloqueos y restricciones en internet.
Las interceptaciones por agentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades, cuyo número se cuadruplicó en seis años, evidencian «un programa de vigilancia masiva a través de intercepción de comunicaciones y captura de metadatos», alertó Azpúrua, quien denuncia esta situación como «una violación a gran escala de los derechos humanos» que «dibuja un escenario autoritario».
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que monitorea ataques contra la libertad de expresión, lamentó el «aumento de los pinchazos telefónicos».
Estos «pinchazos» abarcaron a 20% de los clientes de Telefónica en Venezuela frente a solo 0,28% en Brasil, 0,05% en Argentina o 0,00% en México, Colombia y Ecuador.
Además se dieron entre 2016 y 2021 más de 3,5 millones de solicitudes de «intercepciones» destinadas a conocer datos del suscriptor y su ubicación «en tiempo real».
Y cerca de un millón de líneas (997.679) fueron afectadas por solicitudes de «metadatos»: información personal, localización, direcciones IP, cantidad de mensajes de texto recibidos y enviados, y llamadas entrantes y salientes.
El informe resalta, entre las «autoridades competentes» que han hecho las solicitudes, al Servicio de Inteligencia (Sebin) «previa solicitud del Ministerio Público y autorización del juez correspondiente», la policía científica y la Fuerza Armada, así como los «demás órganos y entes especiales de investigación penal».
Sobre el Sebin hay múltiples denuncias de violación de derechos humanos y persecución de opositores.
También está facultada para pedir intervenciones telefónicas la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). «En términos prácticos, ¿cuál es la necesidad que una universidad tenga potestad para intervenir comunicaciones privadas?», cuestionan miembros de Espacio Público.
«Esto habla de un nivel de vigilancia altísimo por parte del Estado», comenta a la AFP Correa.
Telefónica es el principal proveedor de telefonía móvil en Venezuela. La estatal CANTV, por su parte, domina el mercado de telefonía e internet fijo.
– Bloqueos en internet –
En cuanto al acceso a internet, más de 1.300 sitios han sufrido entre 2016 y 2021 bloqueos o restricción de contenidos en Venezuela por solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según Telefónica.
Periodistas y organizaciones de derechos humanos venían denunciando bloqueos masivos de portales en internet de medios de comunicación críticos de Maduro.
De acuerdo con el informe, el año con mayor cantidad de bloqueos fue 2016, con 1.050, seguido de 2018, con 106, mientras que en 2021 fueron 30 las solicitudes.
El documento no detalla las características o la naturaleza de 98% de todos los sitios restringidos, aunque refleja que en 2019 fueron blanco 27 URLs de «sitios de juegos y apuestas».
Según Espacio Público, 45 de un centenar de portales de noticias en Venezuela están bloqueados.
Los bloqueos, por estándares internacionales, deberían producirse tras órdenes de jueces o sentencias judiciales, pero en la mayoría de los casos registrados en este país no existe información sobre la razón de las restricciones de URLs, criticó Correa.
Si bien los datos corresponden a una sola de las empresas de telecomunicaciones que operan en Venezuela, «uno debe pensar que la situación es similar en las otras», añade.
Aunque no hay datos públicos de las demás, «el número de intervenciones solicitadas también debe ser altísimo», estima Correa.
La AFP solicitó comentarios a Conatel, pero voceros de ese organismo descartaron de momento ofrecer declaraciones. Intentó también contactar, sin respuesta, a representantes de otras operadoras.
