Santo Domingo. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el apoyo de la oficina del Defensor del Pueblo, desarrolla una plataforma informática de gestión de información, que incrementará la rapidez y fiabilidad en el acceso a datos de las personas privadas de libertad.
Con este sistema, las autoridades penitenciarias, jueces y fiscales tendrán acceso a los datos personales, familiares, médicos, condición jurídica, fechas de audiencias, ubicación dentro de los recintos, así como el contexto social y familiar que aporten el perfil completo del sistema, ofreciendo así mayor garantía a los derechos de la población penitenciaria.
Un comunicado de la DGSPC resalta que esta base de datos permitirá el ingreso confiable y oportuno a un expediente único de cada interno, que servirá de insumo para las rutinas y atenciones intrapenitenciarias, el seguimiento a sus condiciones y tratamientos de salud, así como el puntual cumplimiento de su proceso judicial y de la pena impuesta, hasta llegar al momento de su libertad.
La recolección de los datos con que se alimentará ese expediente único se iniciará en los próximos días, como parte del plan estratégico de dignificación del proceso penal que se desarrolla en el recinto de La Victoria, el más poblado del país.
El plan se propone identificar, verificar el estatus jurídico y actualizar el expediente de cada uno de los 7,734 internos de ese centro.
En este proceso, la Oficina del Defensor del Pueblo aportará personal y equipos, tal como lo hizo en 2021 para la elaboración del primer censo del recinto, experiencia de la que surgió el “Estudio socioeducativo y criminalístico de privados de libertad”, como precedente del actual proyecto.
En la iniciativa interinstitucional participan, además de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el Defensor del Pueblo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
La oficina del Defensor del Pueblo ha estado colaborando de cerca en la optimización de los servicios penitenciarios, con su mediación para la instalación de una segunda farmacia del Pueblo en La Victoria y el proyecto para que peloteros de Grandes Ligas cubran las garantías económicas de privados de libertad de escasos recursos que ya han agotado su pena de prisión, entre otras iniciativas.
