El merenguero Sergio Vargas dijo que su verdad es más dura que el acero y que su filosofía ha sido no reñir con la Ley, ni ofender a Dios.

Así lo expuso al explicar el por qué su nombre aparece en el expediente acusatorio del caso Medusa,en donde se expone que ocupaba bienes que eran incautados por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, entre ellos un local comercial y un apartamento en la ciudad capital.



Al ofrecer sus declaraciones al LISTÍN DIARIO, el artista reveló que desde hace cuatro años tiene un acuerdo con la Procuraduría a la que le presta su servicios de ofrecer conciertos en los recintos carcelarios, en donde se encuentran recluidos los menores de edad, en todo el país. A cambio Vargas aceptó la asignación de un bien inmueble en calidad de custodia, el cual se trata del Apartamento B-5, de 215.2 Metros, Piso Cinco, ubicado en la Torre Hariannet X, en la Avenida Caonabo, Distrito Nacional.

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“Para estos conciertos, la Procuraduría solo da el permiso y la autorización en cuál recinto se va a realizar, y yo lo pongo todo. Si tuvieran que pagar tendría que pagar 500 mil pesos por cada presentación”, explicó.



Sobre este acuerdo, hasta el momento el merenguero solo ha ofrecido cinco conciertos antes de la pandemia y uno después de la pandemia del covid-19, lo que equivale a un costo de tres millones de pesos.

“Estas presentaciones a los privados de libertad, no solo las realizo en el país, también he cantado en las cárceles de Panamá y Colombia. Me he propuesto hacer estas actividades como una especie de ofrenda que me asigné en la vida”, dijo el artista, quien dejó claro que renovó el contrato con la actual administración de la Procuraduría.

El local comercial

Sobre el local comercial explicó que, durante las visitas realizadas a estos recintos, encontró decenas de jóvenes con talentos artísticos y con deseos de desarrollar sus proyectos musicales, por lo que se propuso ayudarles cuando ya estuvieran en libertad, con la grabación de temas musicales.

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Según reveló es entonces que la Procuraduría le asigna el bien inmueble en calidad de custodia, el local comercial, Suite 14-A, Segundo Nivel, de la Plaza Fernández, ubicado en la Avenida Winston Churchill para la creación de un estudio de grabación, «el que sería utilizado para ayudar a los menores, ya en libertad, con inquietudes artísticas».

Expuso que el proyecto no prosperó debido a la llegada de la pandemia del Covid-19. En sus explicaciones el artista dijo que llegó a invertir en equipos para el estudio de grabación más de 44 mil dólares, además de que este bien inmueble lo había devuelto, y así consta en el expediente donde se demuestra que el mencionado local fue ocupado por última vez por el señor Sergio Pascual Vargas Parra, hasta octubre del año 2021.

El merenguero dijo no sentirse ofendido por las críticas que ha recibido, ya que asegura no haber delinquido con la ley.