Con el testimonio del exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, Rafael Stefano Canó Sacco, el Ministerio Público busca probar 15 puntos clave de la acusación en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa.

Canó Sacco, quien se encuentra en España, fungirá como testigo clave de la acusación y podría dar su testimonio por videoconferencia ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Mariñez, lo cual está permitido por la ley.



En contra de las 41 personas y 22 empresas vinculadas al caso Medusa, figuran además en el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y unos 399 testigos a cargo de la acusación, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, la primera delatora del exprocurador, quien guarda prisión por otro hecho, relacionado al robo de varios televisores.

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Indica el periodista Ramón Cruz Benzán del Listín Diario que de acuerdo al Ministerio Público con el testimonio de Canó Sacco, se busca probar la forma en la que, desde el inicio de la gestión de Alain Rodríguez, en función de Procurador operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes.



Además, se busca probar la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por Alain Rodríguez para sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría como su trampolín público.

Así también cómo desde la dirección del CEI-RD, Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la Procuraduría General de la República.

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También se busca probar en la acusación como el exprocurador para alcanzar el objetivo político, utilizó las fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución, que eran fondos del Estado.