La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez fue arrestada el jueves en San Juan, capital de este territorio estadounidense en el Caribe, por un caso de corrupción relacionado con su campaña electoral en 2020, informaron autoridades de la isla.
El fiscal federal para Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo en rueda de prensa que un gran jurado federal emitió el miércoles una acusación de siete cargos contra Vázquez.
Según la Fiscalía, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico participó en una trama de sobornos iniciada por el banquero ítalo-venezolano Julio Martín Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, que trabajaba como asesor para él.
En 2019, el banco de Herrera Velutini, que opera en Puerto Rico, era objeto de una investigación por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), una agencia reguladora bancaria de la isla.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini prometieron supuestamente aportar fondos a la campaña de Vázquez para las primarias de su formación, el Partido Nuevo Progresista, a cambio del despido del director de la OCIF.
De acuerdo con la acusación, la dirigente política aceptó la oferta y pidió en febrero de 2020 la dimisión del director de la agencia reguladora y el nombramiento de un exasesor de Herrera Velutini.
Por ese favor, el banquero y Rossini pagaron presuntamente 300.000 dólares para consultores políticos que trabajaron en la campaña de Vázquez, que perdió las primarias frente al actual gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi.
La Fiscalía asegura además que, tras la derrota de Vázquez, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor prometiéndole fondos para su campaña presidencial, a cambio de conseguir que la OCIF concluyera de forma favorable una auditoría que estaba realizando a su banco.
En agosto de 2021, Herrera Velutini hizo un pago de 25.000 dólares para un comité de acción política asociado al actual gobernador, pero el supuesto intermediario de la operación era en realidad una persona infiltrada por el FBI.
El fiscal Muldrow insistió varias veces en que Pierluisi no tiene ninguna relación con el caso de corrupción.
Herrera Velutini y Rossini, que se encuentran en Londres y Madrid respectivamente, y Vázquez están acusados cada uno de conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios honestos. De ser declarados culpables, afrontarán una pena máxima de 20 años de cárcel.
