Desde que el presidente de la República, Luis Abinader, asumió las riendas del Estado su gobierno ha navegado entre luces y sombras, como toda administración gubernamental experimenta.
Por un lado los actos de corrupción, la carestía de la canasta básica, los apagones y la inseguridad figuran entre los dolores de cabeza que más pesan a la administración del mandatario electo para dirigir los destinos del país entre el 2020 y 2024, y por otro lado los subsidios, destituciones de funcionarios señalados, combate a la pandemia y el turismo han mantenido su administración a flote.
Los dolores de cabeza
Señala el portal NDigital que casos como la vinculación de un hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en el expediente del Caso Medusa y los recurrentes señalamientos a la gestión de Roberto Fulcar frente al Ministerio de Educación, pusieron en aprietos al mandatario quien se vio presionado a destituir del cargo al incumbente que define la política educativa del Estado y a recibir la licencia y posterior renuncia del principal ministro del Poder Ejecutivo.
Tres funcionarios han desfilado solo por el escritorio del Ministerio de la Juventud, las dos primeras señaladas por actos de corrupción.
Las frecuentes clonaciones a tarjetas del programa social Supérate, que afectan a miles de familias beneficiadas con el subsidio, se convirtieron en la piedra una piedra para el zapato de la directora del programa, Gloria Reyes, quien acudió a responder las interrogantes de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República por las irregularidades que también dejó cientos de establecimientos perjudicados.
El creciente nivel de endeudamiento ha provocado críticas por parte de los partidos de oposición, y es que sólo en el último año Poder Ejecutivo ha sometido ante el Congreso Nacional contratos de préstamos por unos mil 103 millones de dólares.
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Los actos de sicariato y asaltos no han dejado de ser el recurrente cólico de las autoridades. Los casos de violencia en las principales provincias siguen azotando con fuerza, al tal punto que solo el primer fin de semana de junio 5 personas perdieron la vida en hechos que dejaron al menos 6 heridos.
Para contrarrestar estos casos el Gobierno puso en el presidente Abinader anunció la implementación del sistema de patrullaje mixto con la incorporación de los distintos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia en todo el territorio nacional, como parte del operativo conjunto “Mi País Seguro”, el cual no ha logrado contener estos casos.
Los aumentos de salarios de funcionarios en las Superintendencias de Electricidad, de Banco y de Pensiones y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), los cuales, previo a motivar los pronunciamientos del mandatario quien los calificó como “acciones imprudentes”, causaron la sorpresiva renuncia del Rafael Velazco Espaillat, máximo ejecutivo de la SIE, pusieron en aprietos al Poder Ejecutivo.
Los acciones desproporcionadas por parte de agentes de la Policía Nacional, algunos casos fuera de su jornada laboral, entre esos casos figura la muerte de los pastores Elisa Muñoz y Joel Díaz, acribillados a tiros por un retén policial en la autopista Duarte mientras retornaban de un culto en el municipio Villa Altagracia. Otro trágico suceso que involucra a un raso de la institución fue el homicidio de la arquitecta Leslie Rosado próximo al Club Náutico, donde la empresaria había participado en la celebración del cumpleaños de su padre.
En mayo del presente año provocó gran consternación la muerte del joven atleta David de los Santos, luego de recibir múltiples golpes por parte de varios reclusos detenidos con él en una celda en el destacamento de Naco. El hecho puso en relieve el vulnerable protocolo de contingencia con que cuentan los agentes policiales.
La entrega de cien millones de pesos a unas 70 agrupaciones artísticas a través del Gabinete de Políticas Sociales, para contribuirles por la falta de ingresos que estaban atravesando producto de la pandemia. Los artistas cumplirían el compromiso de tocar presentaciones organizadas por el Estado para ser televisadas. La entrega generó el rechazo de la población cuando la Dirección de Compras y Contrataciones reveló que con el procedimiento se violaba la ley de compras y contrataciones al no subirse.
El medida que le echó limón a la llaga fue el anuncio hecho por Tony Peña Guaba, quien a dijo en un comunicado que los contratos serían anulados, pero se dejaría el dinero en mano de los artista y sus músicos.
El mal heredado de otros Gobierno, los apagones, ha puesto entra la espada y la pared a esta gestión. La salida de servicio de la Central Termoeléctrica Punca Catalina por labores de mantenimiento, así como de otras plantas privadas, azotan con jornadas de hasta doce horas a residentes en todo el país.
El incremento en los precios de los productos de la canasta básica es una de las quejas de la población, que rechaza los aumentos productos de la escalonada inflación producida por factores externos como la crisis sanitaria que provocó el Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia.
