El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que esa entidad ha resuelto más de 500 casos de conflictos surgidos entre constructoras y adquirientes de viviendas.
El funcionario explicó que las decisiones tomadas sobre esos conflictos han sido mediante acuerdos razonados que favorecen los intereses de los consumidores, “sin perjudicar los derechos del sector construcción”.
Manifestó que la mayoría de los casos decididos tienen que ver con denuncias interpuestas por adquirentes de viviendas por aumento en el precio de las mismas por parte de compañías constructoras.
“Las decisiones tomadas sobre estos casos han sido bien razonadas, en las que se han defendido los intereses de los adquirentes de estos inmuebles y se ha preservando los derechos del sector construcción”, agregó.
Dijo además que cerca del 90 % de las resoluciones allí presentadas por este tipo de confrontación han sido conciliados entre los sectores de la construcción y los adquirientes o consumidores, “lo que garantiza la efectividad de la intervención de esta institución en este tipo de conflicto”.
Alcántara sostuvo que la situación ha generado tranquilidad entre los consumidores o adquirientes de viviendas que han hecho sus reclamaciones en esta institución.
En ese orden, el titular de Pro Consumidor exhortó a los ciudadanos que tengan conflictos de esta índole y sientan que sus derechos han sido afectados a que acudan a esa entidad “para que se le garantice una justa aplicación de las normas, de acuerdo a los contratos firmados entre las partes”.
“Llamamos a los adquirientes de viviendas que estén presentando esta problemática, a que acudan a Pro Consumidor, donde le estamos dando respuestas a todos esos casos inmobiliarios”, insistió.
Reiteró que con estas resoluciones emitidas por esa institución, se ha procurado actuar conforme a la ley, “siempre garantizando los derechos de los consumidores y entendiendo también que hay que preservar la importancia que tienen los sectores productivos del país”.
El director de la entidad defensora de los consumidores dio garantía de solución de todos los casos que generen situación de confrontación entre proveedores (constructoras) y consumidores (adquirientes) de compra de viviendas en proceso de construcción haciendo uso de la Constitución de la República, la Ley 358-05 y las demás leyes sectoriales de la la República Dominicana.
“Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley, lo que establece el artículo 53 de la Constitución”, agregó.
Recordó, también, que desde el pasado 18 de julio se inició el proceso de emisión y notificación de resoluciones a las personas que han presentado reclamaciones contra proveedores por aumento en el precio de inmuebles originalmente contratados.
Finalmente, el funcionario acotó que desde esa fecha se tomó esa medida por las frecuentes quejas de los ciudadanos ante los aumentos, muchas veces desproporcionados, en el costo de las viviendas establecido mediante contrato.
