PLD dice JCE no puede ser juez y parte en proceso electoral

Santo Domingo, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que es competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral imponer las sanciones contempladas en las leyes No.33-18 sobre Partidos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral, porque la Junta Central Electoral no puede ser juez y parte en los procesos.

«No se trata de una negativa a que se apliquen consecuencias a las violaciones que pueda cometer cualquier partido político sino que el ámbito en el que las mismas deben conocerse no es el de la Junta Central Electoral que está para organizar y administrar el proceso», advirtió el PLD por intermedio de Danilo Díaz, delegado suplente de esa organización ante la Junta Central Electoral.

El dirigente del PLD representó esa organización en la audiencia que conoció el borrador de reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral y pone en funcionamiento la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales, dando a conocer la posición del PLD como organización política.

«Fijamos posición como partido, depositamos en tiempo oportuno nuestra opinión sobre la propuesta de reglamento para el procedimiento administrativo sancionador y le vamos a dar lectura para todos los fines útiles como una manera de ratificar nuestra opinión sobre el particular», dijo Díaz al depositar por escrito la opinión del PLD.

Las observaciones del PLD se fundamentan en aspectos de la Constitución de la República, de las leyes nacionales, sobre todo las electorales.

Destacó que la propuesta de reglamento administrativo sancionador en la forma y el contenido en que ha sido presentado por la JCE desborda los límites de su propia competencia constitucional; que es la de organizar las elecciones, dirigirlas y supervisarlas conjuntamente con las juntas electorales, en el ámbito administrativo garantizando los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, artículo 201 de la Constitución.