Estados Unidos dejará entrar por vía legal a 30.000 migrantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según una política pactada con México que refuerza en cambio las expulsiones de aquellos que intenten cruzar la frontera sin la documentación necesaria.
«No vengan a la frontera» sin haber iniciado antes un proceso legal, pidió este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un discurso en la Casa Blanca.
En los últimos años miles de personas han huido de América Central y del Sur, de los países del Caribe «gobernados por dictadores opresivos, incluidos Cuba, Nicaragua, Venezuela», y para «escapar de la violencia de las pandillas, que tiene el mismo impacto, en Haití», afirmó.
De estos cuatros países procede la mayoría de los migrantes que llegan últimamente a la frontera, donde se encuentran con «un sistema fallido que simplemente no funciona como debería» porque falta personal y jueces de inmigración, afirmó el presidente demócrata.
Actualmente las autoridades bloquean la entrada y expulsan de inmediato a casi todos los migrantes sin visa, invocando una norma sanitaria conocida como Título 42 que ha frenado a millones de personas desde 2020 como parte de los protocolos anticovid activados por el predecesor de Biden, el republicano Donald Trump.
El gobierno demócrata quiere levantar el Título 42 pero está a la espera de una sentencia de la Corte Suprema. Entre tanto echará mano a «las herramientas que tenemos disponibles», afirma Biden.
Unas herramientas pactadas con México, donde decenas de miles de migrantes esperan para entrar en Estados Unidos como han conseguido muchos a lo largo de los años.
En realidad esta política es la ampliación de una medida presentada en octubre para 24.000 venezolanos que les permitía entrar mediante una petición formal, para la que precisaban un patrocinador y siempre que fuera por vía aérea.
Ahora el gobierno aceptará por mes a hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, al tiempo que endurecerá las restricciones en la frontera con México.
Las medidas entran en vigor inmediatamente, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en rueda de prensa.
Los venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que intenten «cruzar nuestra frontera sin autorización serán expulsados rápidamente a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas por mes» o «a su país de origen», explicó.
Pero «recibiremos a hasta 30.000 personas por mes de estos cuatro países» que podrán trabajar en Estados Unidos durante dos años.
-«Quédense donde están»-
Para formar parte del cupo los aspirantes deben abstenerse de cruzar la frontera de Estados Unidos, México o Panamá a partir de hoy, «quedarse donde están» y hacer la solicitud desde allí.
Además deben superar una investigación sobre sus antecedentes penales, tener a un patrocinador en Estados Unidos que les brinde apoyo financiero y estar vacunados.
Al mismo tiempo, añadió Mayorkas, se ha creado una aplicación en español e inglés llamada CBP One, que viene a ser un sistema de citas para los puertos de entrada que se puede solicitar por teléfono móvil. Inicialmente estará disponible para aquellos que piden una excepción al Título 42 por razones humanitarias.
En cuanto se levante el Título 42, algo que Biden cree que sucederá este año, este mecanismo seguiría en vigor.
Mayorkas ha insistido en que aquellos que «no usen procesos legales» afrontarán las consecuencias, para lo cual se ha «aumentado y mejorado el uso de la deportación acelerada» bajo el Título 8, que conlleva una prohibición de entrada al país por cinco años.
«Mientras Estados Unidos sea la tierra de la libertad y las oportunidades, la gente va a intentar venir» pero «podemos exigirles que vengan aquí de manera ordenada según la ley estadounidense», afirmó Biden. Porque los ciudadanos también tienen derecho, dijo, de asegurarse de que se han verificado los antecedentes penales de los que llegan.
El presidente, que visitará la frontera con México este domingo en El Paso, Texas, es consciente de que esta nueva política no soluciona el problema en la frontera, donde en los últimos seis meses se han registrado «más de 7.000 arrestos de traficantes de personas».
Pero es un proceso «seguro, humano y funciona», aseguró Biden, quien afirma haber enviado anteriormente al Congreso una legislación integral para revisar «lo que ha sido un sistema migratorio roto durante mucho tiempo».
«Pero los republicanos del Congreso se han negado a considerar mi plan integral», aseguró, y culpó a «republicanos extremistas» del estancamiento.
Las nuevas medidas migratorias pueden causar un revuelo entre miembros del Partido Demócrata, partidarios de una política de asilo abierta, y entre los defensores de los derechos humanos que lo consideran un derecho.
– Una piedra en el camino –
Además la economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera y Biden prometió a su llegada a la Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las duras políticas de Donald Trump contra la inmigracón ilegal.
Este último llegó al poder en 2016 en parte gracias a un mensaje que calificaba de delincuentes, e incluso de violadores y asesinos, a quienes cruzan la frontera con México. Una retórica que caló en comunidades preocupadas por la delincuencia o la pérdida de empleo.
El tema fronterizo es una de las principales debilidades políticas de Biden, una piedra en su camino para la reelección si se presenta a un segundo mandato en el cargo como tiene pensado según sus consejeros.
La visita de Biden a El Paso se produce la víspera de que viaje a México lunes y martes para una cumbre de dirigentes de América del Norte. «Tenemos una agenda apretada», pero uno de los temas claves será «reforzar la frontera entre nuestros países», adelantó.
Queda por ver si las nuevas medidas ahuyentarán a los migrantes que sueñan con entrar a Estados Unidos, siguiendo los pasos de quienes han conseguido burlar las sucesivas normas.
