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Las autoridades sanitarias haitianas tienen el propósito de minimizar el impacto del Covid-19 en la nación y limitar sus daños. | Foto: Prensa Latina
Washington, Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de 105 millones de dólares para combatir la escasez de alimentos en Haití, un país sumido en una grave crisis política, económica, de seguridad y sanitaria, informó el FMI.
El directorio ejecutivo dio luz verde a esta ayuda a través de la Ventanilla para Shocks Alimentarios en el marco del Servicio de Crédito Rápido, señala la organización financiera en un comunicado.
Haití se ha visto muy afectado por la crisis mundial de los precios de los alimentos.
Con más de la mitad de la población ya por debajo del umbral de la pobreza y un brote de cólera, el país se enfrenta a una grave crisis humanitaria, con un déficit de financiamiento previsto en el año fiscal 2023 de al menos 105 millones de dólares, que equivalen al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), estima el fondo.
El asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021 exacerbó todavía más la crisis, al tiempo que las bandas adquirían más fuerza y control territorial.
«Haití se enfrenta a una grave crisis humanitaria y se vio muy afectada por los efectos económicos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia», afirma la subdirectora gerente del FMI, Antoinette Sayeh, citada en el comunicado.
Estos efectos indirectos incluyeron una inflación récord.
La ayuda de emergencia del FMI ayudará a colmar la brecha de la balanza de pagos y apoyará a los más afectados por el aumento de los precios de los alimentos a través de programas de alimentación y transferencias en efectivo y en especie a hogares vulnerables, exención de tasas escolares y otras medidas, detalla el FMI.
«Para enfrentar la crisis, habrá que destinar recursos presupuestarios a gastos prioritarios», insiste.
El uso correcto del dinero «será vital» para obtener más apoyo de los donantes y mitigar los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, explica el FMI, que insta a las autoridades a «controlar, rastrear, registrar y publicar cuidadosamente todos los gastos relacionados con la respuesta de emergencia».
Con el respaldo del Fondo, señala, deben realizar auditorías internas de gastos por parte de todos los ministerios involucrados en el uso de los recursos y comunicar los resultados al Tribunal Superior de Cuentas.
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