El gobierno dominicano respondió anoche al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el derecho del país “a repatriar o deportar”, recordando que esto es “soberano de todas las naciones y necesario para migraciones seguras, ordenadas y regulares”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, respondió a este caso a un hilo de mensajes a través de la red social Twitter.
“Sorprende que el Comisionado haya hablado de deportaciones en Haití, en vez de llevar soluciones a la crisis”, indicó.
En 2022, dijo, Republica Dominicana repatrió a 120,900 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana, y entre estos “solo había dos menores que sí estaban acompañados”.
También el año pasado, 3,176 menores haitianos fueron entregados al Consejo Nacional de la Niñez dominicana, para su reunificación familiar en Haití a través del Institut du Bien Etre Social et des Recherches (IBERS).
“La proporción de partos de madres haitianas atendidos en la red pública dominicana aumentó de 12.5% a 32.8% entre 2018 y 2022”, agregó.
Responsabilidad de Haití
En consecuencia, manifestó Alvares, el país no puede suplir las necesidades o carencias básicas de la población haitiana, porque “esta es una responsabilidad del Estado haitiano”.
No obstante, precisó, “no se ha dejado de cumplir con el acceso a la salud de las migrantes embarazadas que garantiza nuestra constitución. Solo en 2022 más de 34 mil partos de inmigrantes haitianas fueron atendidos en la red pública” nacional, de manera gratuita.
“El gobierno dominicano trabaja para mejorar la calidad de los centros de acogida y vehículos en los procesos de interdicción migratoria, garantizando el debido proceso constitucional en los procesos administrativos”, aseguró el ministro.
Finalmente, recordó que “la crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Sí queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana”.
