Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción dictó prisión preventiva en contra de un comerciante que estafó con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, luego de simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria.
Con la puesta en marcha de la acción judicial, a partir de la denuncia que interpuso la víctima, Wander Leocadio Gómez Rodríguez, gerente de la entidad Xtractor International, SRL., la Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos Electrónicos que supervisa la fiscal Lía Collado, inició la investigación contra el imputado Olmedo Mena Ceri.
Ante el tribunal, presidido por el juez Job García Hurtado, valiéndose de pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales, la litigante del Ministerio Público, Merary Guzmán, presentó las pruebas que indican que el imputado Mena Ceri puede ser culpable de violentar las disposiciones del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que sanciona la estafa, realizada mediante el uso de medios electrónicos.
La Fiscalía sostuvo ante el juzgado que el imputado, quien tiene antecedentes por la comisión de otras estafas, podría sustraerse y evadir su responsabilidad penal, toda vez que ignoró los requerimientos que le hiciera la víctima y este órgano acusador, previo sometimiento ante la justicia.
Sobre los hechos
El relato de los hechos establece que el imputado requirió de la víctima, en condición de comprador, varios efectos electrodomésticos en grandes cantidades, incluyendo: freidoras de aire, grecas, licuadoras, microondas, televisores Smart TV, condensadores de aire, entre otros efectos con un valor total de RD$849,649.49.
Luego de recibir la mercancía, el imputado simuló el pago a través de una transferencia de banco e ignoró los reclamos de pagos, lo cual varios testigos han corroborado.
El tribunal validó la solicitud de la Fiscalía a que impusiera la privación de libertad, a fin de garantizar la continuidad del proceso.
La violación al artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contempla, sanciones penales de hasta siete años de prisión y multas de diez y hasta quinientas veces el salario mínimo.
