Santo Domingo. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 10 de marzo la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los US$100 millones.



El magistrado Rigoberto Sena Ferreras adoptó la decisión al acoger un pedimento de la defensa técnica del imputado que, por tercera vez, solicitó la suspensión del proceso, alegando en esta ocasión que, por una falla técnica, el CD correspondiente a la prueba número 167, no se pudo abrir en el disco duro de la computadora.



En la suspendida audiencia anterior, los abogados de Jairo solicitaron el aplazamiento afirmando que necesitaban más tiempo para conocer otras 20 querellas que han sido incorporadas en el expediente, por lo que ahora suman 162 las personas querellantes que afirman haber invertido altas sumas de dinero en la empresa del procesado.

En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Elizabeth Tucent, Karina Concepción Medina y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección de Delitos Financieros, quienes adelantaron que solicitarán un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra Jairo González, de 29 años, debido a la gravedad de los hechos que se le imputan.

Según consta en el expediente, la empresa de valores “Harvest Trading Cap” operaba en el país desde el 2019.

Con relación al caso, el Ministerio Público indicó que inició las investigaciones a mediados de enero pasado, luego de que más de 30 personas se querellaran en su contra, alegando haber sido víctimas de estafa por más de 100 millones de dólares.

El órgano investigador sostiene que el imputado, en calidad de gerente y propietario de Havest Trading, captaba fondos de inversionistas a quienes prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que se les devolverían con una ganancia por encima de un 8 % sobre los recursos depositados.