La comisión bicameral que estudia la reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social decidió proponer a los plenos bicamerales que se establezcan 52 infracciones que serían perseguidas por una procuraduría especializada, que se crearía, que, entre otras cosas, sancionaría como infracciones muy graves a quienes retengan pacientes o cadáveres por la falta de pago por gastos médicos o por negar la permanencia de los pensionados al Seguro Familiar de Salud.
Las infracciones muy graves serían sancionadas con multas de 50 y 151 salarios mínimos vigentes hasta 300 salarios mínimos vigentes y prisión de 18 meses a cinco años, así como la degradación cívica expresa por un mínimo de 10 a 20 años cuando un funcionario público sea condenado, más la reparación del daño causado.
En tanto que las infracciones graves serían sancionadas con multa de 50 y 51 salarios mínimos vigentes hasta 150 salarios mínimos vigentes y prisión de tres a 18 meses, así como con la degradación cívica expresa, con entre uno a cinco años. También, conllevaría la degradación cívica expresa por el tiempo de 10 años, cuando el condenado sea funcionario público.
Mientras que las infracciones leves serían sancionadas con 10 a 50 salarios mínimos del sector público y prisión de un mes a dos meses, más la reparación del daño causado.
En el caso de reincidencia se duplicaría la pena y se pronunciaría a la degradación cívica cuando el infractor sea un funcionario público, según lo determine el juez en función de la Seguridad Social.
La información fue dada a conocer a Diario Libre por el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quien preside una subcomisión técnica que estudió la creación de la Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social.
La nueva procuraduría especializada fungiría como una rama de la Procuraduría General de la República y sería el organismo del sistema de justicia responsable para formular, implementar, investigar y perseguir las infracciones cometidas al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Por lo citado con anterioridad, la Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social, de ser aprobada en una reforma a la Ley 87-01, actuaría bajo los principios establecidos en la Ley No. 133-11 orgánica del Ministerio Público.
Según lo revelado por Rodríguez Restituyo, la comisión bicameral aprobó 52 infracciones a la seguridad social, las cuales podrían ser sancionadas como leves, graves y muy graves.
El diputado del Frente Amplio explicó que la comisión bicameral postergó discutir las propuestas presentadas en los numerales 10 y 28 del artículo 217 de la pieza, relativos a que se consideren como infracciones graves que se establezcan copagos por encima de los márgenes establecidos por lo que sería el Consejo Dominicano de Seguridad Social y a quienes cobren a los afiliados bajo la modalidad de honorarios fuera de lo acordado o contratado.
El congresista presentó entre las novedades de la pieza consensuada, pendiente de ser sometida y sancionada ante los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, que los procuradores y fiscales deberán recibir formación sobre seguridad social.
Destacó que con la aprobación de la procuraduría especializada y de las 52 infracciones a la seguridad social se logró un paso de avance en el conocimiento de la reforma integral.
Precisó que de ser aprobada esa procuraduría se establecerían “garras” en la ley de Seguridad Social, porque contribuiría a evitar los abusos existentes.
De esa forma, destacó que se dotaría a la sociedad de una herramienta y se garantizaría la seguridad social a los ciudadanos desde su nacimiento hasta sus herederos.
