Tres diputados, dos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otro del Revolucionario Moderno (PRM), condenaron la decisión del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana, presidido por la presidenta Johanna Batista Botello, de no suspender al alcalde de ese municipio, Juan Antonio (Tony) Adames, en desacato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo condenó a dos años de prisión y ordenó su destitución.
Juan Julio Campos, vocero del bloque de diputados del PLD, su compañero de bancada, Plutarco Pérez y el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, advirtieron que esos ediles son pasibles de ser sometidos a juicio político por desacato a la sentencia evacuada por el máximo tribunal de justicia del país, recordando que todo ciudadano está obligado a cumplir con el mandato de la ley .
Al respecto, el diputado Eugenio Cedeño, consideró además, que el juez encargado de ejecutar el dictamen emanado por la Suprema Corte de Justicia, estaría incurriendo en prevaricación y desacato , en caso de no darle cumplimiento, y que además, la Procuraduría General sería corresponsable.
Según el legislador lo que está ocurriendo en el caso del alcalde Tony Adames y la presidenta del Consejo de Regidores, es demostración de que realmente la justicia no funciona en la República Dominicana.
«Si no hay un órgano que ejecute esa sentencia, entonces estaríamos hablando que la justicia dominicana se convierte en especie de papel sanitario», expuso el diputado Cedeño, al ser abordado en torno a la decisión de la presidenta del Consejo de Ediles de no suspender al funcionario municipal, a pesar de la condena que la SCJ le impuso de dos años de prisión y al pago de RD$4 millones de pesos por daños contra un escultor en el 2018.
De su lado, Plutarco Pérez, sostuvo que Tony Adamés, con la condena que le fue impuesta perdió su condición de alcalde y por ende no debe ejercer como tal.
«Solo falta que el juez ejecutor de la pena la ejecute por tratarse de una sentencia que adquirió la condición de la cosa irrevocablemente juzgada y el artículo 43 de la ley 176-07 establece que la condición de alcalde que pierde cuando haya una sentencia de esa naturaleza», añadió .
Es por ello, que el congresista entiende que los regidores debieron suspender al alcalde en virtud que tiene un juicio de fondo, y así como lo establece el artículo 44 de la referida ley, por lo que estamos frente a un caso en el que los poderes deben cumplir con su mandato constitucional.
Entiende el diputado Plutarco Pérez que una parte de los regidores, incluida la presidenta de la Sala Capitular del municipio cabecera de La Romana no cumplieron con su deber, ¨pero en el caso del juez de aplicación de la pena no puede ejecutar una sentencia emanada de la Suprema Corte de Justicia que ya cumplió con los plazos establecidos en la ley».
En torno al caso, el congresista Juan Julio Campos, entiende necesario que las sentencias emanadas de los tribunales sean acatadas por todos los ciudadanos.
«De manera que en el caso del alcalde de La Romana, se trata de una decisión que podría conllevar que esos regidores hasta a un juicio político , en virtud de que ellos están desacatando una decisión de un tribunal de la República», añadió .
Los tres congresistas entrevistados opinaron en torno a la decisión de la presidenta del Consejo de Regidores del Cabildo Romanence, cuya presidenta, Jhonanna Batista Botello, que en rueda de prensa acompañada de su hermano el diputado Pedro Botello y un grupo de ediles, aseguró que no suspenderá al alcalde de ese municipio a pesar de la sentencia de la SCJ que lo condenó a dos años de prisión.
En el encuentro con los periodistas, realizado el lunes de la semana pasada en la sede municipal del Partido Reformista Social Cristiano, en esa ciudad, el diputado Pedro Botello, salió en defensa del destituido Alcalde Tony Adames, asegurando que detrás de la sentencia en su contra «hay manos políticas actuando».
La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís tiene previsto conocer el próximo cuatro de mayo la audiencia sobre la acusación en contra del ejecutivo municipal, por desfalco de 200 millones de pesos que se había cometido en el Ayuntamiento.
Por el caso se le dictó prisión domiciliaria como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, el edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida.
