Para Carlos Peña, el líder presidenciable de Generación de Servidores (GenS), la sonora operación Calamar no es más que «la nueva distracción» del Gobierno para «relanzar la fallida reelección del presidente Abinader», pues se trata de «una táctica» que solo busca desviar la atención y entretener a la gente.
Su criterio, vertido en la emisora Rumba, es que algunas acusaciones que formula el Ministerio Público van a fracasar porque son «difíciles» de probar, y el final de esos casos «será igual al de Jean Alain» y otros exfuncionarios que llevan años en la justicia sin ser sentenciados.
En ese sentido dijo que José Ramón Peralta, el exministro Administrativo, está acusado por presunta corrupción en las visitas sorpresa, algo que no se le podría probar porque no habría forma de demostrar, por ejemplo, el precio de algunos conejos adquiridos para uno de los proyectos. De la misma manera tampoco se le podría probar la sustracción de fondos en otros proyectos de las visitas sorpresa.
En cuanto a Gonzalo Castillo, Carlos Peña afirmó que la acusación que se le hace habría también que hacérsela al actual ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, porque este funcionario estaría haciendo lo mismo que hizo aquél. Ambos, según él, han hecho lo mismo desde Obras Públicas. Por eso aseguró que el caso de Gonzalo será «el primero en caerse».
Lo de Donald Guerrero, añadió, es muy distinto porque «está metido en grandes líos, y líos que los denuncié yo cuando era ministro de Haciendo», «mafia que sigue operando en ese ministerio».
«Hoy todavía siguen entregando los dueños de colmados que tienen máquinas tragamonedas, sus 3 mil pesos. No hay Donald Guerrero sin Mimilo Jiménez, el armador, el protagonista de esa estructura paralela ha sido Mimilo Jiménez», sostuvo con la misma fuerza.
«Hoy todavía siguen entregando los dueños de colmados que tienen máquinas tragamonedas, sus 3 mil pesos. No hay Donald Guerrero sin Mimilo Jiménez, el armador, el protagonista de esa estructura paralela ha sido Mimilo Jiménez», sostuvo con la misma fuerza.
Peña dijo que se manejaba unos 30 millones de pesos a diario, con un equipo que salía por el país, banca por banca, a cobrarles a esos dueños para dejarlos operar el negociazo de las tragamonedas.
Agregó que hay 100 mil bancas de lotería legales y otras 100 mil ilegales, las cuales le pagan permanentemente a «la mafia» para poder seguir operando con esas máquinas ilegales.
Según él, «alguien dio 100 millones de pesos para colocar a un viceministro que garantice que esa mafia siga funcionando». «Corrupción allá y corrupción acá», continuó.-
