El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró como «asombroso» que los primeros diez imputados de la Operación Calamar hayan admitido este viernes su culpabilidad ante la jueza Kenya Romero, durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción.
«Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es por tres razones: en primer lugar, diez de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50 % de los imputados», expresó Camacho a los periodistas.
Indicó que estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que las defensas actuaron inteligentemente, al darse cuenta que las «evidencias del Ministerio Público son irrefutables».
En segundo lugar, entiende que las admisiones «corroboran todas y cada una de las líneas presentadas por el Ministerio Público en este proceso».
Detalla el Diario Libre que en tercer punto, Camacho agregó que por la forma en que los encartados narraron ante el tribunal cómo operaba el entramado descubierto mediante la Operación Calamar, estos dijeron más de lo que esperaba el órgano acusador, al señalar que operaban como una mafia.
Este viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado de corrupción contra el Estado dominicano llamado Calamar, los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El Ministerio Público los acusa de ser parte de una supuesta red de corrupción encabezada por funcionarios del Ministerio de Hacienda que estafó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos, al realizar de manera fraudulenta la compra y pago de terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). También hay señalados por realizar cobros ilegales a bancas de apuestas, de lotería y colmados que tenían máquinas tragamonedas instaladas.
Las imputaciones preliminares que hace el Ministerio Público incluyen conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal. También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
