El Ministerio Público lleva casi dos años en una investigación a cuatro diputados, tres de ellos del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), que han sidos vinculados al narcotráfico y de cuya pesquisa no se ofrecen detalles.
Detalla Marisol Aquino en el Diario Libre que a la lista de los legisladores a los que se les siguen los pasos se sumó recientemente el diputado, también perremeísta, Sergio (Gory) Moya de la Cruz, señalado en el presunro esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona en el expediente de Operación Calamar, por lo que ahora son cinco los congresistas bajo la lupa de los fiscales.
Como juez “control” de la investigación a los cinco diputados se designó al juez de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Estévez Lavandier, por la jurisdicción privilegiada que poseen los imputados.
Además de Moya de la Cruz, los otros cuatro legisladores son las diputadas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, mencionada en Operación Falcón, y Rosa Amalia Pilarte López, representante de La Vega y cuyo esposo e hijos están sometidos en la justicia por otro caso de asuntos de drogas y lavado de activos.
Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, igualmente del PRM, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), por el PRD, forman parte, junto a Guerrero Cabrera y su esposo, el exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro, a los que se han citado en la alegada red Falcón, se le atribuye grandes alijos de drogas incautadas en República Dominicana y Puerto Rico.
El juez control o de instrucción debe autorizar aquellos procedimientos que requiera hacer el Ministerio Público en su investigación, pero que la ley exija deben ser validados por este magistrado, por ejemplo, allanamientos, interceptación de llamadas y solicitar informes financieros.
Las investigaciones por parte del órgano acusador las lleva a cabo el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa.
