El fundador y propietario de empresa Monitoreos Dominicana, que provee los brazaletes electrónicos a la Procuraduría General de la República, para monitorear a ciudadanos en conflicto con la ley, Chey Rodríguez, salió al frente de la queja externada por el procurador Jean Alain Rodríguez, quien dijo que el artefacto le estaba causando alergias.
En ese sentido, el empresario defendió la calidad de esos artefactos, indicando que son 100 por ciento de materiales hipoalergénicos y que en los siete años que el proyecto lleva en el país nunca se les había presentado un caso similar de daño a la piel.
Asimismo, se mostró en la disposición de que los brazaletes sean evaluados por médicos nacionales para determinar si la alergia de la que Jean Alain dice que está padeciendo es producto del mismo.
“Llevo más de 15 años en esto, en 18 países, decenas de miles de personas usando mi dispositivo, nunca he tenido problemas por alergias, nunca he tenido problema de esto, sí puede haber personas que le cree una psicosis, pero lo equipos están diseñados y desarrollados (…) tienen la misma certificación de un iwatch”, sostuvo.
Durante una entrevista en “La exclusivas de José Peguero”, Chey Rodríguez también defendió la profesionalidad de su equipo de trabajo al momento de colocar un grillete, “estos tienen un proceso de instalación el cual es supervisado como dicta el contrato tripartita (firmado por el Ministerio Público, por la empresa distribuidora y el participante)”.
“Es imposible remover el dispositivo”
La tecnología que utiliza esta empresa distribuidora de brazaletes electrónicos es la Pro Activa, la cual permite detectar si el dispositivo es retirado.
“Nuestro dispositivo monitorea y rastrea cada 15 segundos, (…) es imposible, en manera de ingeniería, es imposible de manera operacional, de manera humana tú remover el dispositivo, que no emita alerta”, advirtió el también abogado.
Costo del grillete
El costo por el uso de grilletes electrónicos lo tiene que cubrir el mismo imputado. Monitoreo Dominicano lo alquila por 450 dólares mensuales, más los impuestos de telecomunicaciones.
A diferencia de los otros países de América Latina que utilizan este sistema, el estado no paga ni un solo dólar por el mismo, todo lo cubre el imputado.
