Varios exfuncionarios son investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por un supuesto fraude fiscal por 800 millones de pesos relacionado con la venta del edificio «Torre Integral» al Banco de Reservas y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Según medios de prensa, los involucrados en este caso son los exministros de Obras Públicas, Freddy Pérez y de Industria y Comercio, Temístocles Montás y Nelson Toca asi como José Manuel Guzmán Ibarra, subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez.
Conforme una nota de Diario Libre, el edificio, construido por la empresa Diseño Integral, que era propiedad de Pérez, fue comprado por el Banco de Reservas por 31 millones de dólares y arrendado, con opción a compra, al MIC.
La queja fue depositada el 13 de febrero pasado y dirigida a Wilson Camacho, procurador adjunto y director de la Pepca.
La querella fue interpuesta por Ángel Moreta, representado por los abogados José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra y Ramón Bonifacio Espinal.
Los abogados se reunieron el 1 de febrero con Camacho, quien habría manifestado que «donde se haya sustraído un peso del pueblo, la Pepca actuará como ha sido su norte».
Según la denuncia, un soborno se habría pagado a funcionarios y empleados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el año 2017, cuando Diseño Integral declaró y pagó el impuesto sobre la renta correspondiente ese año.
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La DGII investiga la existencia de «aparentes hechos relacionados a soborno» por 37 millones de pesos, supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, también en 2017, para facilitar la declaración de los impuestos, de acuerdo a la carta enviada por Luis Valdez, director del órgano recaudador, al querellante Ángel Moreta.
En la querella ante la PEPCA, los abogados han solicitado al director de la DGII que le remita el nombre de los funcionarios de esa institución de la gestión de Magín Díaz que liquidaron los impuestos que generaron la evasión.
La denuncia refiere que los socios de la empresa supuestamente recibieron pagos por concepto de ganancias obtenidas por la venta del edificio y que dichas ganancias no habían sido declaradas correctamente ante la administración tributaria y ese sería el motivo de la defraudación fiscal.
