Nicaragua suspendió el jueves los títulos y el ejercicio de la abogacía al escritor Sergio Ramírez y otras 24 personas que en febrero habían sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad.
Un total de 15 abogados forma parte de un grupo de 222 opositores que el gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega decidió excarcelar y enviar a Washington el 9 de febrero -mientras los restantes 10, entre ellos el escritor Ramírez- forman parte de 94 personas sancionadas pocos días después, detalló una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Suspéndanse de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos», señala la resolución de la CSJ publicada en su sitio web.
La CSJ añadió que según la legislación, «estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer (…) ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
El 9 de febrero el gobierno de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores presos y la justicia los despojó de su nacionalidad y derechos políticos, los declaró “traidores a la patria” y los inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Pocos días después, la justicia declaró «traidores a la patria» a 94 opositores, entre ellos el escritor Ramírez, y también los despojó de su nacionalidad e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció la confiscación de sus bienes.
Todas los sancionados habían sido acusados de cometer “actos que menoscabaron la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” e incitar a la violencia y el terrorismo en el marco de unas protestas que el 2018 generaron una crisis política y social.
Además de Ramírez, exiliado en España y quien fungió como vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990), la sanción afecta a la ex guerrillera Mónica Baltodano, al ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís, y a la activista de derechos humanos Vilma Núñez.