La Fiscalía de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud para que se imponga la prisión preventiva por espacio de 12 meses, en contra de los cinco integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína, desarticulada en la acción conjunta del Ministerio Público con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
En esta acción contra el crimen organizado fue frustrada una transacción de narcóticos que realizaría la red, ocupándoles 11 Kilos de drogas, vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo.
En la instancia de solicitud de medidas, la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento contra Narcóticos, solicita al citado tribunal que también declare de tramitación completa el proceso en contra de los imputados Pedro José Baldera Mancebo, Edwin Manuel Cuevas González, Francisco Raúl Torres Cohen, Erick David Castro, y Francisco Alberto Rodríguez Villanueva.
En el operativo de interdicción que culminó en un residencial del este de la ciudad de Santiago, las autoridades apresaron en flagrancia a los cinco imputados, a quienes les ocuparon 10 paquetes de una sustancia en polvo que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 11.5 kilogramos, en el interior de un jeep Kia Sorento.
En otro vehículo, Hyundai Sonata, color blanco en poder de los procesados, se incautó, en un compartimiento secreto (caleta), un paquete de lo que se presume es marihuana, así como una pistola marca Taurus con su cargador y cápsulas.
Otras pistolas incautadas son una Heckler & Koch, calibre 40, con su cargador y ocho cápsulas y una marca Smith and Wesson, así como más de un centenar de municiones.
Además de la citada cantidad de presunta marihuana, se ocuparon otras tres porciones de ese mismo vegetal, así como una trituradora y una mochila en cuyo interior había $86,050 pesos y 25 dólares estadounidenses.
En la medida de coerción la Fiscalía establece que esta estructura criminal almacenaba varios tipos de drogas tanto en Santiago como en Santo Domingo Este, para posteriormente ser enviada a Estados Unidos y Europa.
«El tráfico y la comercialización de drogas representa una grave amenaza para la seguridad pública y la salud de las personas», advirtió la Fiscalía de Santiago en un comunicado, donde además sostiene que «la lucha contra las drogas deber ser visibilizada, enfrentada en el territorio y en los tribunales, en razón de que este crimen potencia la ocurrencia de otros delitos y su insistencia no debe ser tomado a la ligera».
Los procesados enfrentan cargos por violación a los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de traficantes, en tanto que Castro y Torres Cohen se le adicionan los delitos contemplados en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 por el porte y tenencia de armas de fuego sin la documentación que establece la ley.
