Gabriel Santana Borsilea, un empresario que se dedica a varios negocios, pagó 86 millones de pesos con certificados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Herrera (Coop-Herrera) por la compra de una yate al cantante australiano Steven James Forde.
El artista no ha podido cancelar los certificados, pese a que el caso está en los tribunales de San Pedro de Macorís, mientras las autoridades financieras que regulan la entidad no han podido determinar la autenticidad de esos documentos.
La problemática se da pese a que los estados financieros de la entidad, según la investigación de la periodista Alicia Ortega, goza de una buena salud en términos económicos, con más de 1,299 millones de pesos en activos en 2022; crecimiento que activó las alarmas del del instituto de desarrollo y Crédito y cooperativo (Idecoop).
De acuerdo a Javier Herrera en el periódico HOY, el presidente administrado Idecoop, Franco de los Santos, dijo que previo a las investigaciones a la entidad llegaron unas 25 denuncias por diferentes vías contra Coop-Herrera. Respecto a los certificados, el ejecutivo indicó que no eran reales, «ese dinero nunca entró a la banca».
«Recibimos, además, notificaciones de fiscalías, que había sometimientos de socios que no les estaban pagando su rentabilidad (de los certificados) y habían ido a los tribunales», aseguró de los Santos.
La periodista detalló en su informe que muchos ahorrantes intentaron retirar sus recursos pero hasta el momento los casos siguen en los tribunales, mientras la entidad financiera anteponía «siempre una excusa» para no cumplir con las demandas.
«Les decían que no había sistema para no ofrecer los servicios. Entonces, verificamos que la cooperativa tenía situaciones de liquidez. Sobre todo, el mayor problema es liquidez», dijo el presidente de Idecoop.
Idecoop informó el mes pasado que ha encontrado un crecimiento anormal en Coop-Herrera, y por esta razón miembros de la entidad realiza una supervisión especial a esa cooperativa.
Sin embargo, Coop-Herrera, que cuenta con 56 años, está intervenida y es investigada por el Ministerio Público. A esto, los socios, esperan que se les devuelva sus ahorros.
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